Gobernabilidad bipolar

Esta semana detuvieron en Oaxaca a Miguel Sánchez Altamirano, alcalde morenista de Juchitán. Lo acusan de extorsión agravada y de proteger a una red que cobraba piso a comerciantes. Un juez determinará su responsabilidad. El hecho político es éste: al alcalde no lo salvó ni el cargo ni el color de su partido.

Su esposa le recordó a Salomón Jara que conoce al alcalde y le pidió que no los dejara solos. El gobernador respondió que nadie está por encima de la ley. Más le vale sostenerlo cuando se apaguen las cámaras.

La Operación Enjambre comenzó en el Estado de México y ha llegado a Jalisco, Morelos, Puebla y Oaxaca. El corte oficial del 8 de septiembre registró 111 servidores públicos detenidos. Con la captura del alcalde de Juchitán, la cuenta llega al menos a 112. Hay presidentes municipales de distintos partidos entre los investigados. Algunos, según las acusaciones, hicieron de la extorsión una función más del ayuntamiento. Cobraban impuestos por un lado y piso por el otro.

Esto merece reconocerse. Durante el sexenio pasado, el manto guinda parecía alcanzar para tapar casi cualquier cosa. Hoy, cuando menos en estos casos, portar la camiseta de Morena ya no ha bastado para detener una orden de aprehensión. Ojalá los expedientes resistan ante los jueces y no terminen convertidos en una colección de fotografías de detenidos.

Llevo años diciéndolo: nadie, absolutamente nadie, es más poderoso que el Estado mexicano. Tiene información, tecnología, dinero y fuerza. Lo que le ha faltado es voluntad política. A veces fue dubitativa; otras, miope. Durante seis años nos vendieron los abrazos y no balazos mientras el crimen compraba policías, alcaldes y pedazos enteros del territorio.

Pero basta observar Sinaloa para encontrar la otra personalidad del gobierno. Rubén Rocha Moya, Enrique Inzunza y otros funcionarios fueron señalados desde Estados Unidos por presuntos vínculos criminales. Las acusaciones deben probarse. Lo que nadie explica es por qué, después del escándalo, no hay resultados que despejen la sospecha de protección institucional. Rocha apareció, desapareció y volvió a dejar el gobierno; Inzunza conserva su escaño. Los sinaloenses, mientras tanto, siguen pagando la cuenta con muertos, negocios cerrados y miedo.

Esta semana Trump volvió a llamar a México, ante la Asamblea General de la ONU, epicentro de la violencia de los cárteles. También reconoció avances de cooperación con nuestro gobierno. La presidenta pudo estar allí para defender personalmente esos avances y explicar cuánto falta por hacer. Prefirió no ir. Cuando a tu país lo describen ante el mundo como territorio controlado por criminales, hace falta dar la cara. Esa imagen pesa para quien piensa venir de vacaciones, abrir una empresa o comerciar con nosotros.

La contradicción del sexenio cabe en dos fotografías. En una, un alcalde morenista detenido por presunta extorsión. En la otra, los poderosos de Sinaloa rodeados de señalamientos internacionales y de un silencio que huele a impunidad. Si hubo voluntad para llegar hasta Juchitán, que nos expliquen por qué parece acabarse antes de llegar a las oficinas más altas, por ejemplo, las de Sinaloa.

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