Denuncian lavado en Cooperativa Cruz Azul

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Socios y trabajadores de la cooperativa Cruz Azul presentaron dos denuncias de hechos contra quien resulte responsable por el manejo irregular de los recursos y el lavado de 191 millones de pesos que dio a conocer la organización Mexicanos contra la Corrupción (MCC).

Un grupo de aproximadamente 50 socios y trabajadores acudieron a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) a presentar las denuncias en las que solicitaron que se inicie una investigación para deslindar las responsabilidades correspondientes de quienes pudieron hacer malos manejos del dinero de la cooperativa.

Gustavo Adolfo Vega, socio 2 mil 154 de la cooperativa y miembro del Consejo de Vigilancia, indicó que ellos se deslindan de los supuestos malos manejos que reportó Mexicanos Contra la Corrupción el pasado 25 de marzo.

“Queremos que se investigue a fondo y que realmente salga a flote todo lo que ha presentado el reportaje de Mexicanos Contra la Corrupción. Hablan de 191 millones de pesos, pero nosotros creemos que probablemente es mucho más.

“La denuncia es para deslindar de responsabilidades a nosotros los socios que estamos activos de la cooperativa”.

Reconoció que desde hace 10 años diversos socios iniciaron litigios por problemas internos con Billy Álvarez, presidente de la cooperativa.

José Antonio Cárdenas Oviedo, socio 2 mil 271, dijo que anteriormente no tenían todos los elementos para denunciar, pero que ahora que los tienen, solicitan que se investigue.

“A través de jueces han impedido que existan los consejos de Administración y Vigilancia. ¿Cómo es posible que un juez pueda evitar que la cooperativa siga avanzando? Con medidas cautelares, los jueces impiden que los consejos de Administración y Vigilancia puedan estar actuando”, acusó.

De acuerdo con los datos revelados por la investigación de la organización de la sociedad civil y publicada por EL UNIVERSAL, por lo menos desde 2016 la dirección general de Cruz Azul ha autorizado el pago de cantidades millonarias a empresas presuntamente fantasma que facturan por servicios de consultoría, relaciones públicas, procesos administrativos y manejo de presupuesto estratégico para planes de desarrollo y crecimiento.

Además, señaló que los directivos crearon compañías en paraísos fiscales sin informar a los cerca de 800 socios cooperativistas.