Ley indígena∶ promesas de papel

La reforma constitucional sobre pueblos y comunidades indígenas de 2024 replantea su relación con el Estado mexicano, caracterizada por fuertes rasgos coloniales, de violencia y asimilación cultural a lo largo de 200 años de vida independiente. De ahí la trascendencia de elaborar una Ley General que desarrolle jurídicamente esta decisión política. Sin embargo, el proceso se ha caracterizado por un afán simbólico que le da centralidad al gobierno federal y no a los pueblos y por la urgencia en una cuestión que implica cambios fundamentales del Estado mexicano.

La presidenta Sheinbaum anunció en junio pasado que el 12 de octubre pasaría a ser conmemorado como el “Día de la Resistencia Indígena” y que presentaría la iniciativa de Ley General ante el Congreso de la Unión. Este objetivo implicó reducir a 4 meses la difusión en todas las comunidades del país del proyecto elaborado por el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, informar a 23 millones de personas indígenas de 68 pueblos originarios, realizar asambleas regionales, e incorporar observaciones y ajustes antes de enviar la propuesta al poder legislativo.

El cumplimiento de estos objetivos es complejo para una tarea que requería tiempo, medidas de adecuación cultural, traducción a las lenguas indígenas y a todas sus variantes. Es clara la urgencia de los tiempos políticos y por qué no decirlo, electorales, con una narrativa de reivindicación hacia los pueblos que no corresponde a la forma en que se viene desarrollado el proceso. En todo caso, la legislación debía surgir desde las comunidades, sus necesidades y reflexiones y no en eventos encabezados por funcionarios de los programas del Bienestar, con el riesgo de usar clientelarmente la causa indígena.

Es prácticamente imposible que la propuesta se difundiera entre los 68 pueblos indígenas y conocimiento pleno en las comunidades. Por su parte, actores como el Congreso Nacional Indígena y el EZLN han criticado la propuesta. Además, la asamblea regional en Chihuahua fue cancelada y en Michoacán varias comunidades manifestaron su oposición.

La IBERO Puebla participó como observadora en la asamblea realizada en San Cristóbal de las Casas y constató el desconocimiento de muchas asistentes. Los representantes de La Candelaria –ejido que consiguió una sentencia de la Suprema Corte que reconoce su autogobierno comunitario–, señalaron que recibieron la propuesta un día antes del evento. Tras un acto protocolario prolongado con autoridades locales y federales, una parte significativa de los asistentes se retiró, perdiéndose el sentido de trabajo en mesas temáticas, realizadas únicamente con la lectura de los artículos, en el lenguaje técnico propio de las disposiciones normativas. Además, se redujo el tema del ejercicio de presupuesto comunitario a la promoción del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social para Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas del gobierno federal.

Sin duda hay una transformación profunda en la estructura del Estado y funcionarios comprometidos con esta agenda. Sin embargo, es evidente que el proceso busca capitalizar políticamente al grupo en el poder y que en las asambleas regionales hay prácticas de clientelismo, más que una deliberación democrática bajo un principio de interculturalidad.

Reducir la agenda indígena a un cálculo electoral del gobierno federal, en lugar de asumirlo como una política de Estado basada en el diálogo horizontal, convertirá este proceso en una simulación cosmética, caracterizada por la pasarela y fotografías de la clase política, a la acumulación de registros y la numeraría con el propósito del legitimar una decisión ya asumida. La relación con los pueblos indígenas y la construcción de un nuevo Estado intercultural amerita un compromiso genuino que no está presente en el proceso de creación de la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos.

Simón Hernández León (@hele_simon) Coordinador de la Maestría en Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana Puebla.

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