La prisión preventiva oficiosa se impone sin atender a la necesidad o riesgo procesal. Es un poder desmedido y arbitrario para las fiscalías
La resolución establece la responsabilidad internacional al Estado mexicano por la militarización de la seguridad y la consecuente violación de derechos humanos
El Estado mexicano tiene la oportunidad de iniciar una nueva etapa sobre la base del reconocimiento de la magnitud de la crisis o mantener la descalificación al mensajero
La Corte debe asegurar que la ley permita que quienes investigan o estudian para construir un mejor país cuenten con el apoyo del Estado
La complicidad de policías y fiscalías construye acusaciones falsas, lo que se agrava con la prisión preventiva oficiosa que permite detener a inocentes por largos periodos
La decisión de la Corte puede consolidar el estatus de las comunidades como sujetas de derecho público y la gestión de recursos públicos