Ernestina Ascencio. Justicia necesaria

Recientemente fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la sentencia de la Corte interamericana del caso Ernestina Ascencio, mujer náhuatl víctima de violación sexual por integrantes del Ejército. La resolución establece la responsabilidad internacional al Estado mexicano por la militarización de la seguridad y la consecuente violación de derechos humanos, incluyendo la violencia sexual. La clase política intentó capitalizar la sentencia: la oposición para cuestionar al gobierno de Claudia Sheinbaum, así como al ejército, la presidenta, por su parte, expuso en la mañanera que el caso revelaba los abusos cometidos en el gobierno de Felipe Calderón.

Debe decirse, sin embargo, que todas las fuerzas políticas son corresponsables del empoderamiento del ejército, de su permanencia en tareas que deberían corresponder a las autoridades civiles y de los abusos militares que esto ha generado. Es evidente que existen acuerdos informales de gobernabilidad y beneficios para las fuerzas armadas que deben ser explicitados, sujetos a escrutinio ante la sociedad y sobre todo a un proceso de recuperación de la estructura civil del Estado mexicano de las tareas que indebidamente se ha transferido a las fuerzas armadas.

La sentencia representa un problema para la administración de la presidenta Sheinbaum y la 4T. Es importante recordar que México ha sido condenado por la Corte Interamericana por la militarización de la seguridad pública y que existen recomendaciones de órganos de tratado y procedimientos especiales de Naciones Unidas que señalan que las fuerzas armadas no deben estar a cargo de las labores de seguridad y su participación debe ser extraordinaria, por tiempo limitado, subordinada a un mando civil y complementaria de este.

Sin embargo, la reforma constitucional de 2024 impulsada por el presidente López Obrador para hacer de la Guardia Nacional una fuerza armada permanente y bajo mando militar representó una decisión política de profundizar la militarización. En consecuencia, el caso de Ernestina Ascencio representa un problema objetivo para el Estado mexicano. El gobierno federal y la oposición deben hacer un replanteamiento total de la estrategia de seguridad, devolver el mando civil de la Guardia Nacional y atender el problema que representa llevar a la Constitución decisiones en contra de sentencias internacionales.

Desafortunadamente, lo acontecido con Ernestina Ascencio se enmarca en un patrón sostenido por varios años, caracterizado por la impunidad frente a los abusos militares, presente en las admiraciones del PRI, del PAN y de Morena. La resolución debe impulsar procesos de responsabilidad y sanción que no deben descansar en las víctimas, pues es común que estos abusos se focalicen en grupos sociales vulnerables sin capacidades para llevar a cabo procesos de investigación y de litigio contra un poder real como el que representan las fuerzas armadas.

Fue justamente hace unos meses cuando Volker Türk, Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos expresó que dos de los problemas más apremiantes en el país son la seguridad pública y la impunidad en México, siendo enfático en la necesidad de replantear la estrategia de seguridad y fortalecer a las policías civiles. Esto sería una forma de implementar medidas de no repetición y construir una ruta hacia la desmilitarización.

El militarismo actual es un riesgo para el carácter constitucional y republicano del país. Ningún país en un régimen democrático debería emplear a las fuerzas armadas a funciones civiles como la seguridad, la infraestructura, el control de aduanas y aeropuertos. Los actores políticos deben trascender el maniqueísmo que ve en la crítica a la militarización y a la impunidad una bandera partidista, valiéndose de las víctimas de las que son responsables por sus decisiones. Mientras este objetivo se alcanza, una forma de dignificar la memoria de Ernestina Ascencio es reconocer, en acuerdo con su familia, la responsabilidad internacional y establecer los procesos y sanciones a los responsables.

Coordinador de la Maestría en Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana Puebla.

@hele_simon

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