Durante buena parte de la historia, la desigualdad estuvo determinada por aquello a lo que las personas no podían acceder. Primero fue la tierra, después el capital, más tarde la educación. Cada época ha tenido un recurso cuya distribución definía quién podía prosperar y quién quedaba rezagado. Todo indica que el siglo XXI tendrá uno nuevo: la inteligencia.
No la inteligencia como capacidad humana, sino la inteligencia artificial. En la misma semana ocurrieron dos noticias que, vistas por separado, parecen anecdóticas. La primera fue que la administración de Donald Trump presionó para restringir el acceso inicial al modelo más avanzado desarrollado por OpenAI, bajo argumentos de seguridad nacional. La segunda pasó mucho más desapercibida: las principales empresas dedicadas al desarrollo de inteligencia artificial están contratando filósofos para trabajar junto a sus ingenieros.
Ambas noticias hablan de lo mismo. La inteligencia artificial ha dejado de ser únicamente una innovación tecnológica. Se está convirtiendo en un recurso estratégico cuyo acceso comienza a administrarse y cuyo comportamiento ya no puede diseñarse únicamente con programación. Durante años imaginamos que el desafío consistiría en construir máquinas capaces de razonar. Hoy descubrimos que el verdadero desafío consiste en decidir cómo deben razonar y quién podrá utilizarlas.
No es casualidad que aparezcan filósofos en el centro de esta historia. Cuando un sistema debe responder preguntas sobre libertad de expresión, privacidad, discriminación, autonomía o dignidad humana, el problema deja de ser exclusivamente técnico. Ningún algoritmo puede decidir, por sí mismo, qué valor debe prevalecer cuando dos derechos fundamentales entran en conflicto. Esa discusión pertenece desde hace siglos a la filosofía moral y al derecho.
En realidad, el derecho siempre llega cuando una tecnología modifica la distribución del poder. Ocurrió con la imprenta, con el voto, con la electricidad, con las telecomunicaciones y con internet. Cada una obligó a redefinir derechos, responsabilidades y límites. La inteligencia artificial no será la excepción; sin embargo hay una diferencia importante.
El Internet democratizó el acceso a la información. La inteligencia artificial democratiza o podría democratizar la capacidad de procesarla, comprenderla y producir nuevo conocimiento. Esa diferencia parece sutil, pero cambia por completo la conversación. Quien tenga acceso a los sistemas más avanzados podrá investigar más rápido, diseñar mejores tratamientos médicos, desarrollar nuevos materiales, escribir software, resolver problemas jurídicos complejos, automatizar procesos y aprender con una velocidad inédita. La inteligencia artificial no sustituye la inteligencia humana sino que bien empleada la multiplica, y precisamente por eso el acceso resulta tan relevante.
No porque exista un supuesto derecho a utilizar una plataforma específica. Sería absurdo reducir la discusión constitucional a una marca comercial. La pregunta relevante es ¿qué ocurre cuando las herramientas que amplían las capacidades intelectuales de las personas quedan concentradas en unos cuantos países, unas cuantas empresas o un reducido grupo de usuarios?
El constitucionalismo moderno ha reconocido que existen ciertos bienes cuyo acceso no puede depender exclusivamente del mercado porque condicionan el ejercicio efectivo de otros derechos. La educación dejó de entenderse como un privilegio para convertirse en un derecho porque sin ella la igualdad era puramente formal. Algo semejante ocurrió con el acceso a la información y, más recientemente, con el internet, cuya conectividad hoy se considera indispensable para participar plenamente en la vida económica, social y democrática. Quizá la inteligencia artificial obligue a recorrer un camino parecido.
No porque el Estado deba proporcionar gratuitamente el modelo más sofisticado disponible, sino porque una sociedad donde sólo algunos puedan acceder a las herramientas que multiplican la productividad intelectual corre el riesgo de transformar la desigualdad económica en una desigualdad cognitiva mucho más profunda y difícil de revertir.
La historia demuestra que las brechas tecnológicas rara vez permanecen confinadas al ámbito tecnológico. Terminan convirtiéndose en brechas educativas, laborales, científicas y políticas. Quien controla las herramientas con las que se produce conocimiento termina ejerciendo una influencia desproporcionada sobre el resto de la sociedad.
Por eso me parece tan significativo que los gobiernos comiencen a discutir quién puede acceder primero a los modelos más avanzados mientras las empresas buscan filósofos capaces de enseñarles a esas máquinas cómo deliberar frente a dilemas morales. Si bien las dos noticias parecen distintas, pero anuncian el mismo cambio de época.
Durante décadas pensamos que el gran reto sería construir una inteligencia artificial capaz de pensar como nosotros. Quizá el verdadero desafío consista en algo mucho más humano: decidir cómo distribuir el poder que esa inteligencia genera.
Todas las generaciones terminan enfrentando una pregunta fundamental sobre la igualdad. La nuestra quizá tenga que responder una que hasta hace poco parecía propia de la ciencia ficción: ¿quién tendrá derecho a pensar con las herramientas más poderosas jamás creadas?
dft