El problema no es que México defienda su soberanía. El problema es que el gobierno la use como coartada para no enfrentar lo que tiene enfrente: una crisis de seguridad nacional. Cuando el crimen organizado penetra instituciones, captura territorios, financia campañas, corrompe autoridades, controla economías locales y condiciona decisiones públicas, deja de ser un asunto policiaco y se convierte en una amenaza contra el Estado. Eso es lo que hoy enfrenta México; no una suma de delitos aislados, sino redes criminales incrustadas en estructuras políticas, económicas y gubernamentales.
La estrategia de seguridad nacional sirve para anticipar, contener y neutralizar riesgos que ponen en peligro el territorio, las instituciones, la economía y la vida de las personas. Sin embargo, en México esa mirada se perdió. El gobierno redujo la seguridad nacional a seguridad pública y la seguridad pública a presencia militar, detenciones selectivas y propaganda. Mientras tanto, las redes criminales siguieron creciendo dentro del propio Estado.
Por eso resulta tan grave que Claudia Sheinbaum responda a los señalamientos de Estados Unidos como si el principal riesgo fuera la injerencia extranjera. Por supuesto que México debe exigir respeto, reglas claras y reciprocidad, la cooperación no puede ser subordinación. No obstante, cuando los señalamientos apuntan a gobernadores, funcionarios, mandos de seguridad, militares o aliados del poder, la pregunta no debería ser por qué Estados Unidos investiga, sino por qué México no investigó antes.
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Ahí está el vacío de seguridad nacional. Un Estado serio no se indigna más por la presión externa que por la penetración criminal de sus instituciones; no convierte posibles investigaciones en agravios patrióticos; no confunde defensa de la soberanía con defensa de sus aliados políticos. Un verdadero Estado investiga, depura, procesa y coopera bajo reglas propias.
La reaparición de López Obrador confirma el problema. Su carta parece dirigida a Trump, pero también a Palacio Nacional y a Morena. Atribuye todos los males a las malas influencias que rodean al presidente estadounidense y deja entrever que con él la relación era distinta. En el fondo, el mensaje es otro: conmigo esto no pasaba.
Aunque sí pasaba. Pasó cuando se debilitó la inteligencia civil; cuando se militarizó la seguridad sin controles democráticos suficientes; cuando se decidió mirar al crimen organizado como un problema menor y no como una amenaza sistémica. Sucedió cuando se protegieron gobernadores, funcionarios y operadores políticos señalados una y otra vez por sus vínculos con redes criminales.
Hoy Sheinbaum y López Obrador no están defendiendo al Estado mexicano; están defendiendo a su grupo político. Cuando ese grupo incluye personajes señalados por corrupción, protección criminal o vínculos con organizaciones delictivas, la frontera entre lealtad política y complicidad criminal se vuelve cada vez más difícil de distinguir.
Ese es el fondo del problema. La seguridad nacional no consiste en proteger a los propios, lo que debe priorizar es proteger la permanencia del Estado frente a amenazas que buscan capturarlo. Hoy esas amenazas no vienen solamente de fuera, vienen de redes criminales que operan desde dentro, con apoyo, silencio o tolerancia de autoridades.
México no será más soberano por gritar más fuerte contra Estados Unidos, sino cuando pueda controlar su territorio, investigar a sus criminales, romper pactos políticos con el crimen, defender a sus ciudadanos y sentarse frente a Washington desde la fuerza de un Estado que funciona.
El dilema no es patria o subordinación; el verdadero dilema es si se va proteger al Estado o al Estado criminal.
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