Derecho a aburrirse

Durante siglos, los niños tuvieron que aprender a aburrirse. Miraban el techo, perseguían hormigas o inventaban juegos con reglas incomprensibles. Hoy, antes de que aparezca el primer síntoma de hastío, una pantalla ofrece imágenes infinitas calculadas para impedir que la mirada se aparte.

Por eso la discusión abierta en México sobre el uso de celulares en niñas, niños y adolescentes no trata solamente de tecnología. En el fondo trata de quién está educando el deseo de toda una generación.

No aparece en ninguna constitución el derecho a mirar el techo. Sin embargo, el artículo 31 de la Convención sobre los Derechos del Niño protege el descanso, el esparcimiento y el juego. Al interpretarlo, el Comité de los Derechos del Niño ha señalado que las infancias necesitan tiempo y espacio libre de obligaciones, entretenimiento y estímulos, que puedan ocupar activa o pasivamente.

Pascal escribió que gran parte de la infelicidad humana nace de nuestra incapacidad para permanecer tranquilos en una habitación. No conoció Instagram ni TikTok, pero comprendió el impulso que los sostiene: escapar de nosotros mismos. El aburrimiento es el momento incómodo en que una persona debe preguntarse qué desea. De ese vacío surge la imaginación, el juego espontáneo y la capacidad de estar solo con nuestros propios pensamientos.

El problema no es el teléfono. Las tecnologías digitales permiten aprender, comunicarse y encontrar comunidades. El problema comienza cuando operan algoritmos diseñados no para satisfacer una decisión, sino para prolongar la atención. La reproducción automática, el desplazamiento infinito, las notificaciones y las recomendaciones personalizadas convierten segundos de curiosidad en horas de consumo.

La preocupación no descansa solamente en intuiciones. En 2024, un ensayo clínico de 181 niñas, niños y adolescentes encontró que reducir durante dos semanas el uso recreativo de pantallas disminuyó problemas emocionales y entre pares, y mejoró las conductas prosociales. La evidencia no permite afirmar que toda pantalla sea nociva ni que los algoritmos causen por sí solos esos padecimientos. Pero sí muestra que el diseño de las plataformas puede dificultar que las personas menores se desconecten y desplazar actividades necesarias para su desarrollo.

Hablar simplemente de libertad de elección resulta engañoso. No existe una relación entre iguales cuando de un lado está una voluntad en formación y, del otro, empresas que registran hábitos y perfeccionan mecanismos para anticipar qué estímulo evitará que alguien cierre la aplicación. La autonomía no consiste solamente en elegir; exige que nadie diseñe silenciosamente nuestras elecciones.

El Estado tiene una responsabilidad frente a esa asimetría. No para decidir qué deben pensar los niños ni para convertir la protección de la infancia en una excusa de censura o vigilancia. Regular los algoritmos significa impedir que la vulnerabilidad propia de la edad sea explotada comercialmente.

Podrían establecerse configuraciones protectoras por defecto para cuentas de menores, limitar el perfilamiento comercial y crear controles parentales sencillos. Una familia no puede competir sola contra sistemas construidos por especialistas en conducta y alimentados con millones de datos. Pedir a madres y padres que simplemente “vigilen mejor” equivale a privatizar un problema producido a escala industrial.

Proteger la autonomía infantil puede parecer paradójico: requiere introducir ciertos límites antes de que niñas y niños puedan establecerlos por sí mismos. Pero no se trata de sustituir su voluntad sino de impedir que alguien más la ocupe primero.

Únete a nuestro canal