En los últimos años, el acceso a la vivienda se ha convertido en un tema de la mayor trascendencia para las familias mexicanas. De acuerdo con la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), para que un mexicano pueda comprar una propiedad en la Ciudad de México, que rondan en promedio entre los 2.5 y 3 millones de pesos, debe ganar aproximadamente sesenta mil pesos mensuales. Esto representa apenas el catorce por ciento de la población.
Ahora bien, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Vivienda (ENVI) del INEGI, en nuestro país se requieren por lo menos 10 millones de viviendas para atender una parte del profundo déficit y avanzar hacia mejores condiciones en la materia. El reto es de la mayor envergadura, sobre todo considerando la precarización de derechos laborales que se profundizó bajo el periodo neoliberal.
Bajo este escenario, la Presidenta de la República, la Dra. Claudia Sheinbaum, ha impulsado desde el inicio de su administración el programa Viviendas para el Bienestar, que busca construir 1.8 millones de viviendas hasta el 2030.
En esta gran cruzada de vivienda popular, que busca beneficiar a más de 30 millones de mexicanos, participarán el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI) y el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste); un esfuerzo interinstitucional sin precedentes.
Para la Dra. Sheinbaum, el derecho a la vivienda en México forma parte de los objetivos prioritarios de su gobierno, porque éste se traduce en múltiples condiciones de bienestar para las familias.
En esta ruta, uno de los pasos fundamentales para la adquisición de vivienda propia, ha sido el incremento al salario mínimo, que durante treinta años se mantuvo estancado debido a las políticas económicas del pasado. Y es que en términos reales, el salario mínimo, con la Cuarta Transformación, ha experimentado un incremento de hasta ciento cincuenta y cuatro por ciento.
El esfuerzo no es menor. Para avanzar en esta cruzada, la presidenta de la República ha privilegiado la coordinación de los tres niveles de gobierno para tener las condiciones óptimas (principalmente de disponibilidad de tierras) y construir así viviendas dignas. En este 2026 se ha iniciado ya la construcción de 600 mil viviendas, que se sumarán a las que ya han sido construidas en entidades como Tamaulipas, Yucatán, Chiapas, Sinaloa, Michoacán, Aguascalientes, Querétaro y la Ciudad de México, entre otras.
En el pasado, la construcción de vivienda de interés social tuvo un problema fundamental: se hacían viviendas en serie en lugares muy alejados, que al final terminaban provocando el abandono de éstas. Datos del INFONAVIT señalan que durante los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón, por lo menos 850 mil viviendas cayeron en abandono o invasión, debido a este factor.
Hoy, con el programa Viviendas para el Bienestar, que está reescribiendo la historia, se busca garantizar que las y los mexicanos que ganan menos de dos salarios mínimos, puedan tener acceso a una vivienda digna, bien ubicada, a precios justos y con los servicios necesarios para el desarrollo pleno de una familia. Hoy más que nunca el derecho a la vivienda se cristaliza con acciones sólidas de un gobierno comprometido con la gente.
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