¿Cómo iba a confiar Patricia Negrete en el Estado mexicano? Durante cinco años buscó a su hermana desaparecida. Como miles de madres, hermanas e hijas en este país, terminó haciendo el trabajo que le correspondía a las instituciones: buscar. El pasado 25 de junio fue asesinada en Guanajuato. Tenía 42 años. Su historia ocurre en un país donde hoy el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia contabilizaba 135,048 personas desaparecidas y no localizadas.
¿Cómo confiar en un Estado cuando el Estado no encuentra a quienes desaparecen? ¿Cómo confiar cuando la búsqueda termina dependiendo de colectivos ciudadanos y cuando incluso buscar puede costar la vida?
En México, los hombres confían más que las mujeres en el gobierno federal. La diferencia es de cuatro puntos porcentuales. No parece una brecha importante. Pero existe. Y en un país con la primera mujer presidenta de su historia, una Secretaría de las Mujeres y una agenda pública que promete cerrar desigualdades, vale la pena observarla. Porque lo que el feminismo lleva años diciendo no es que las mujeres piensen distinto. Es que viven un Estado distinto.
El reporte de la OCDE que trae este dato, Survey on Drivers of Trust in Public Institutions 2026, mide la confianza en instituciones públicas de 33 países miembros y cinco candidatos. En promedio, el 44% de los hombres dice confiar en su gobierno nacional, frente al 37% de las mujeres. En México la diferencia es menor: alrededor de 55% de los hombres y 51% de las mujeres reportan confianza alta o moderadamente alta en el gobierno federal. La brecha es más pequeña que el promedio internacional, pero suficiente para comenzar a preguntarnos de qué está hecha esa diferencia.
La confianza no es una idea abstracta. Tampoco se construye únicamente con discursos o con apoyos sociales. Se construye en la experiencia cotidiana con el Estado. Y las mujeres se encuentran con él en lugares donde sus fallas suelen ser más visibles: el transporte inseguro, los ministerios públicos que no investigan, los hospitales saturados, la justicia familiar, las denuncias por violencia, las escuelas que siguen descansando sobre ellas el problema de los cuidados, la búsqueda de medicamentos y, en uno de los extremos más dolorosos, la búsqueda de personas desaparecidas.
No se trata de afirmar que todo eso explique los cuatro puntos de diferencia en México. El reporte no permite probar esa causalidad. Pero sí permite plantear una hipótesis razonable: quizá las mujeres no están evaluando únicamente al gobierno federal. Quizá están evaluando una relación acumulada con instituciones que, durante décadas, les han exigido compensar aquello que el propio Estado no ha sido capaz de resolver.
La comparación internacional ayuda a evitar conclusiones fáciles. Nueva Zelanda registra una de las brechas más grandes entre hombres y mujeres, pese a haber sido gobernada durante años recientes por Jacinda Ardern. En cambio, Noruega e Islandia muestran el patrón inverso: ahí las mujeres confían más que los hombres. Brasil también aparece con una brecha favorable a las mujeres. El dato rompe cualquier explicación automática. La llegada de una mujer al poder no garantiza, por sí misma, una mayor confianza femenina en las instituciones.
Y, sin embargo, la representación sigue importando. Claudia Sheinbaum gobierna con una agenda que promete fortalecer los derechos de las mujeres, ampliar apoyos económicos, impulsar un sistema nacional de cuidados y reducir las brechas de desigualdad. Más allá de la discusión política sobre cada una de esas medidas, hay un indicador que debemos observar en el tiempo. ¿Será que tras este histórico sexenio en términos de representación, las mujeres confiarán más en el gobierno federal?
Una política pública no solo debería evaluarse por su presupuesto, su cobertura o el número de beneficiarias. También debería observarse por su capacidad para transformar la relación entre la ciudadanía y las instituciones. Si una mujer denuncia violencia y el sistema responde; si puede trabajar porque existe una red real de cuidados; si encuentra medicamentos; si el transporte le permite moverse sin miedo; si una madre no tiene que recorrer el país buscando a un hijo desaparecido porque el Estado lo hace por ella, entonces quizá cambia algo más profundo que un indicador administrativo: cambia la confianza.
La OCDE también muestra que la confianza se cruza con edad, educación, situación económica e identificación política. Ninguna de esas variables explica por sí sola la diferencia entre hombres y mujeres. Pero todas ayudan a entender que la confianza no nace únicamente de las preferencias ideológicas. También se construye o se pierde en la experiencia cotidiana.
Por eso la brecha mexicana de cuatro puntos no debería leerse como una conclusión, sino como una línea de base. Un indicador que merece seguirse conforme avancen las políticas públicas dirigidas a las mujeres. Porque si esas políticas pretenden transformar su vida cotidiana, también deberían transformar la manera en que ellas experimentan al Estado.
Porque la confianza también tiene género. Y si México quiere presumir que está cerrando brechas, ésta también debería empezar a medirse.
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