Feminicidio

En México, ser mujer todavía implica enfrentar riesgos que ninguna sociedad democrática debería aceptar, porque una amenaza, una agresión o el miedo a denunciar pueden escalar hasta el feminicidio cuando las autoridades no intervienen oportunamente. Por ello, toda manifestación de violencia debe atenderse desde el primer momento, con medidas que protejan a la víctima, eviten nuevas agresiones y garanticen que el responsable enfrente consecuencias proporcionales a la gravedad de sus actos. Ver a una persona acusada de violencia salir de un juzgado sonriendo y regresar a la comodidad de su casa lastima la confianza en las autoridades, desalienta a otras víctimas a denunciar y demuestra la urgencia de revisar cómo se aplican las leyes que ya existen. Tras la reforma al artículo 73 constitucional, publicada en mayo, el Congreso de la Unión dispone de un plazo de 180 días para expedir la Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño por el Delito de Feminicidio. En este contexto, la Presidenta de la República anunció que enviará la iniciativa correspondiente; aunque todavía no conocemos formalmente su contenido ni todos sus alcances, recibo el anuncio con apertura y si la propuesta fortalece la protección de las mujeres y combate efectivamente la impunidad, contará con mi apoyo.

El Congreso cuenta con un trabajo previo que debe ser aprovechado, pues durante la actual Legislatura se han presentado 60 iniciativas relacionadas con el feminicidio: dos de ellas proponen expedir leyes generales e integrales, mientras que las 58 restantes plantean reformas al Código Penal Federal, al Código Nacional de Procedimientos Penales, a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias y a otros ordenamientos. La nueva legislación debe recuperar lo mejor de estas propuestas, presentadas por distintas fuerzas políticas, e incorporar las experiencias de las víctimas y sus familias, así como las aportaciones de organizaciones de la sociedad civil, especialistas, académicas, fiscalías y personas expertas en procuración e impartición de justicia. El propósito no puede limitarse a aprobar una nueva ley, sino que debe ser construir un instrumento útil y aplicable que permita homologar en todo el país la prevención, investigación y sanción del feminicidio, proteger a las víctimas y garantizar la reparación integral del daño. Estoy de acuerdo en que este delito sea imprescriptible y también respaldo que no procedan criterios de oportunidad, conmutaciones de pena, libertad condicionada o amnistías que puedan convertirse en caminos hacia la impunidad. Sin embargo, una buena legislación, aun siendo indispensable, no resolverá por sí sola este problema si las fiscalías carecen de presupuesto, personal capacitado, herramientas periciales y capacidad efectiva para integrar las investigaciones y obtener sentencias. La víctima debe ocupar el centro de cada actuación del Estado, mediante decisiones que garanticen su seguridad, eviten su revictimización y hagan realidad su derecho a la justicia.

Como legisladora, servidora pública y mujer, he hecho de la defensa de nuestros derechos una causa central de mi vida política, convencida de que las conquistas alcanzadas sólo tendrán plenitud cuando ninguna mujer tenga miedo de denunciar y ningún agresor confíe en que puede evadir la justicia. México necesita mejores leyes, pero también autoridades capaces de aplicarlas, para que quien violente a una mujer sepa que deberá responder por sus actos.

Presidenta de la Cámara de Diputados

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