Las gafas de Meta y el club de los perseguidos

Hasta el martes, en México ya se habían registrado 68 millones de líneas telefónicas móviles. La cifra sigue siendo insuficiente, pero representa un avance que mantiene inquietos a quienes insisten en repetir: “se los dije, el registro no va a funcionar”.

Sinceramente, sigo sin entender cuál es (salvo una inconfesable motivación ideológica) el argumento para negarse a vincular un número telefónico con la CURP. Algunos, incluso, se presentan como periodistas, pero actúan como actores de oposición política, sin ofrecer alternativas ni explicar las implicaciones de esta medida regulatoria.

Muchos continúan creyendo que son tan importantes como para ser objeto de persecución por parte del gobierno federal. Parecen ignorar que existen riesgos y amenazas mucho más serios que el registro de un número celular. Tampoco advierten que, por ejemplo, el uso cotidiano de plataformas como Facebook o Instagram implica una exposición de datos personales potencialmente mayor que la vinculación de una línea telefónica con la CURP.

Seguramente esos que se sienten perseguidos políticos publican cada comida en Instagram, activan la ubicación en Facebook, aceptan sin leer los términos de uso de veinte aplicaciones y permiten que una red social conozca sus gustos, hábitos de sueño, relaciones personales y hasta el número de pasos que dan al día.

La ironía alcanza niveles olímpicos cuando el mundo discute un problema de privacidad infinitamente más serio como las gafas inteligentes de Meta.

Esas Ray-Ban Meta tan cute que prometen convertirnos en protagonistas de una película futurista, están generando una polémica global porque permiten grabar vídeo y audio con una discreción que haría ver a James Bond como un principiante. Se han viralizado vídeos de usuarios abordando mujeres en gimnasios, haciendo bromas humillantes a empleados de comercios o captando escenas cotidianas de personas que jamás dieron su consentimiento para aparecer en internet.

Meta asegura que las gafas incorporan una luz LED que avisa cuando están grabando. El problema es que la lucecita es tan visible como la honestidad de muchos políticos pues apenas se nota en exteriores. Como era previsible, muchos usuarios comenzaron a taparla, pintarla o modificarla para grabar de forma encubierta (¿me estás leyendo Rickin?). La empresa respondió bloqueando permanentemente por software los dispositivos alterados. Una solución muy tecnológica para un problema que nunca debió ser.

Pero el problema no es el LED. Es el reconocimiento facial. Organizaciones de derechos digitales y autoridades estadounidenses han expresado preocupación ante la posibilidad de que Meta integre la identificación de personas en tiempo real. Imagina caminar por la calle y que cualquier desconocido pueda saber quién eres con solo mirarte a través de unas gafas que parecen inofensivas. Ahí sí desaparece el anonimato en el espacio público, y no por decisión de un gobierno nacional, sino por el modelo de negocio de una empresa tecnológica. ¿Recuerdas Cambridge Analytica?

Por si fuera poco, investigaciones periodísticas revelaron que fragmentos de vídeo y audio captados por estas gafas podían ser revisados por contratistas externos para entrenar modelos de inteligencia artificial. Entre las grabaciones aparecían escenas íntimas, datos bancarios y situaciones privadas registradas por error.

Por eso la negativa a registrar una línea telefónica se vuelve casi cómica. Mientras algunos temen que el Estado sepa qué número usan, millones de personas aceptan que una corporación extranjera pueda llevar una cámara y varios micrófonos pegados a la cara, recopilar información del entorno, analizar voces, imágenes y patrones de comportamiento, y utilizar esos datos para alimentar sistemas de inteligencia artificial cuyo funcionamiento real desconocemos.

Parece que muchos tienen dañada su escala de preocupaciones. Es cierto, la privacidad merece una discusión seria, técnica y basada en evidencias, pero no una clase de paranoia selectiva.

Así, mientras muchos protestan por la vincular una CURP al número celular, alguien con unas gafas inteligentes ya grabó su cara, su voz, su conversación y el café que estaba tomando. Lo peor es que todo eso podría terminar entrenando una inteligencia artificial en algún servidor de quién sabe qué país.

Derechos de audiencias reloaded

Podría desarmar todas las mentiras y exageraciones que se han escrito y dicho sobre los “Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias” que la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) publicó para consulta pública el 24 de julio de 2026. Podría hacerlo, pero la verdad, me da flojera. Es volver a andar una vereda que desde 2014 ya se caminó.

Hace más de diez años, todos (incluso concesionarios y políticos) estábamos de acuerdo en garantizar los derechos de las audiencias. Todos coincidíamos hasta que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) en un arrebato de dignidad publicó sus lineamientos. Con la arrogancia de sentirse libre, el regulador aprobó unos lineamientos que provocaron una reacción inmediata de los principales grupos de radio y televisión. Argumentaron que exigir la separación entre información y opinión implicaba una forma de intervención editorial del Estado y podía afectar la libertad de expresión y la libertad de programación.

Después, entre 2016 y 2017, los promotores de la reforma a la Ley que garantizaba esos derechos se echaron para atrás bajo el argumento de que el IFT no debería imponer reglas que puedan interferir con la libertad editorial de los medios. Sin embargo, el objetivo oculto era mantener abierta la posibilidad de que los partidos políticos pagaran publicidad disfrazada de información con miras a las elecciones presidenciales de 2018.

Parece que ahora vuelven con lo mismo. No se pretende censurar opiniones, sino transparentar ante el público cuándo un conductor informa y cuándo emite valoraciones personales, además de evitar la publicidad encubierta. Algo que parece relevante de cara a las elecciones federales de 2027.

Pero más allá de la grilla política, es importante aclarar por qué la propuesta de la CRT es más ambigua que los lineamientos del IFT. El objetivo es hacerla menos restrictiva para que no se “extralimité en sus funciones”.

El proyecto de la CRT podría implicar un marco menos detallado y más flexible para los concesionarios. En contraparte, los lineamientos del IFT de 2016 eran más precisos, más extensos y con un diseño regulatorio más estricto y, por tanto, fácil de atacar jurídicamente.

En 2016 el IFT construyó un régimen detallado de garantías y supervisión, diez años después la CRT conserva esos principios, pero los reordena dentro del nuevo modelo institucional y con una regulación operativa potencialmente menos atacable y disolvente. Qué flojera me dan.

La evolución del crédito

La transformación financiera en México encuentra en la tecnología una vía para cambiar la relación entre instituciones y usuarios. Las plataformas digitales permiten procesar solicitudes con mayor rapidez, validar identidades mediante herramientas biométricas y analizar información para construir perfiles crediticios más precisos. Kubo Financiero, cuyo próximo director general será Gerardo Piña, representa una muestra de cómo la infraestructura tecnológica puede pasar de ser un canal de acceso a convertirse en una pieza estratégica para la eficiencia y la sostenibilidad de una empresa financiera. Sin embargo, la innovación no termina en la automatización de procesos. El valor de una fintech también depende de usuarios capaces de comprender los productos que utilizan. La educación financiera debe avanzar junto con las herramientas digitales, porque un crédito bien aprovechado requiere información clara y decisiones responsables.

*Columnista y comentarista

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