La comparecencia de gobernadores (una en funciones y otro con licencia), ante la Fiscalía General de la República (FGR) no es bajo ninguna circunstancia, un evento ordinario. Lo sucedido la semana pasada trasciende lo jurídico para instalarse en el terreno de una esquizofrenia comunicacional calculada. Lo que debió ser un ejercicio de transparencia sobre asuntos de seguridad nacional se convirtió, por obra y gracia de una estrategia de control de daños, en un campo de batalla de percepciones en donde la verdad fue la única ausente.
Como hemos analizado en otros artículos, la reputación de un gobierno se cimenta en la previsibilidad. Cuando la narrativa de un estado, como el de Chihuahua, choca frontalmente con la del gobierno federal en temas de seguridad nacional, el resultado es la erosión de la confianza ciudadana. Sin embargo, el análisis queda incompleto si no diseccionamos la abismal diferencia de trato mediático y oficial entre la gobernadora Maru Campos y el gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya.
¿Por qué la comparecencia de una gobernadora en funciones saturó la agenda pública mientras que la de un gobernador con licencia, vinculado a eventos de similar o mayor calado para la seguridad nacional, fue reducida a casi una nota de pie de página? La respuesta reside en la capacidad del Estado para jerarquizar el escándalo.
El Universal Responde
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Siguiendo la lógica del pensamiento complejo del recién fallecido filósofo Edgar Morin, la política mexicana opera bajo una simplificación bárbara, es decir en este caso, exhibir las debilidades de la oposición y no las propias; y esto eleva el perfil del adversario para ocultar la vulnerabilidad del poder. Mientras que en el caso de Chihuahua el aparato federal activó una filtración selectiva de omisiones graves para construir una narrativa de rendición de cuentas, en el caso de Sinaloa se implementó una operación de silencio técnico. Se impuso la narrativa del bajo impacto para proteger la reputación del proyecto político central, utilizando la figura de Campos como un potente distractor de alto espectro.
La degradación de la comunicación política llegó a su punto máximo en el Senado, con legisladores portando playeras de #YoConMaru en medio de la discusión de la reforma judicial. Este blindaje simbólico es la respuesta desesperada a una comunicación gubernamental que ya no busca informar, sino estigmatizar. Se optó por la estética de la confrontación en lugar de la solidez del dato o la evidencia.
Por el contrario, la minimización del caso Rocha Moya responde a una gestión de la invisibilidad. Al Estado le fue posible desviar la mirada pública hacia el norte, aprovechando el ruido generado por la resistencia panista, para que la comparecencia del gobernador con licencia (del noroeste), pasara por un tamiz de normalidad administrativa, casi burocrática. No se trata solo de qué nos dicen, sino de qué deciden callar para no contaminar la narrativa de paz y del vamos bien; o de la sugerencia de no ver cierta televisora.
Una comparecencia por seguridad nacional no debería ser un misterio ni un mitin; debería ser un acto administrativo transparente. La gobernadora Campos enfrenta un reto que no se resuelve con consignas, sino con instituciones sólidas. Pero el Estado Federal enfrenta un reto mayor, la pérdida de autoridad moral al administrar la justicia con criterios de oportunidad comunicativa.
Si el equipo de Chihuahua permite que la incertidumbre dicte el ritmo, el costo político será inevitable. Pero si la opinión pública percibe que la FGR se usa como un megáfono para unos y como un silenciador para otros, la sospecha se convertirá en sentencia. La seguridad nacional exige pensamiento complejo y congruencia institucional, no una gestión de medios que premia la lealtad y castiga la diferencia.
Socio y Fundador de REDCE Comunicación. Especialista en Relaciones Públicas y Manejo de Crisis.
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