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El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, pidió a Morena en el Senado la aprobación de una iniciativa en materia de lavado de dinero, que ya se encuentra en comisiones, a efecto de que México cumpla los estándares internacionales constituidos para el combate global de esta rama de delitos, incluido el financiamiento al terrorismo.
El funcionario presentó los requerimientos legales de la UIF a la bancada de Morena, que se reunió para definir su agenda legislativa, misma que impulsarán en el periodo de sesiones de febrero a abril.
En el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), integrado por 37 países, México cumple parcialmente 15 de sus 40 recomendaciones, pero en una su registro es de no cumplida, y se relaciona con los sujetos obligados por actividades vulnerables, dijo Nieto Castillo.
“Lo importante es poder generar un mecanismo que permita dar cumplimiento al estándar internacional”, indicó.
Para ello, detalló, se necesita que en la ley la UIF pueda llevar a cabo la evaluación nacional de riesgos.
Explicó que los peligros de lavado de dinero en México son la delincuencia organizada y la introducción de esos recursos en el sistema financiero, principalmente.
El funcionario planteó que es tema prioritario la reforma legislativa que dé mayores herramientas a la UIF para cumplir con la evaluación a la que México se obliga con otros países.
Refirió que la unidad pide al Congreso que todas las actividades vulnerables, como lo son los corredores públicos, desarrolladores e inmobiliarios, así como vendedores de arte y joyas, sepan cuáles son los riesgos que tiene su sector.
Agregó: “Tenemos el tema de las operaciones sospechosas, que se presentan cuando existen dudas de alguna actividad ilícita atrás de la adquisición de un bien inmueble, de una obra de arte”.
Nieto Castillo explicó que México “no tiene problemas de financiamiento al terrorismo, pero hay que reconocer que nuestra realidad sociopolítica, por nuestra cercanía con Estados Unidos, pone en riesgo que se desarrollen actividades que llevan ese fin”.
También para cumplir con el estándar internacional, se solicitó abarcar a organizaciones con fines de lucro y que puedan ser identificadas en el combate al tráfico o a la trata de personas.
La propuesta de legislación que ya tiene el Senado pondría atención en los fideicomisos en los que se encuentran empresas fachada, que se han utilizado, sobre todo en el sexenio pasado, como vía de la corrupción política.
La idea es que los fideicomisos reporten a la UIF cuando haya movimientos irregulares y sospechosos; en las ocasiones que el perfil transaccional de clientes y usuarios no sea el adecuado y se registren movimientos significativos.
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