Sin vínculos con la 4T, candidatos a magistrados

El presidente Andrés Manuel López Obrador propuso como magistrados anticorrupción a tres perfiles, en principio, ajenos a la Cuarta Transformación que encabeza.

Nombró a Eber Betanzos Torres, Alfonso Pérez Daza y Natalia Téllez Torres, quienes para asumir el cargo deberán pasar la revisión del Senado de la República y ganar por votaciones de dos terceras partes, cuando menos.

La Tercera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) está diseñada para abocarse a casos anticorrupción y forma parte de la reforma en la materia de 2015.

El entonces presidente Enrique Peña Nieto propuso perfiles para su integración, que se quedaron estancados y al inicio de la actual 64 Legislatura los desechó la mayoría de Morena; hasta ayer el Ejecutivo federal envió a sus prospectos.

Eber Betanzos Torres tiene en su currículum el haber sido colaborador de la Procuraduría General de la República, con Enrique Peña Nieto, en tanto que Alfonso Pérez Daza participó en la Secretaría de la Función Pública con Felipe Calderón Hinojosa.

Natalia Téllez Torres tiene una trayectoria de más de 11 años en la Suprema Corte de Justicia.

El dictamen de las trayectorias será realizado por la Comisión de Justicia y en el pleno cada uno de los perfiles requerirá la elección por dos terceras partes de los senadores presentes.

Contrariamente a otras designaciones del gobierno federal, en esta ocasión los perfiles llegados al Senado no han levantado la reacción opositora, que ha visto carencia de independencia en las designaciones del Ejecutivo.

La reforma de 2015 en materia anticorrupción reestructuró el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con atribuciones en asuntos de responsabilidades y para determinar la legalidad de los procesos seguidos en contra de quienes realicen actos corruptos.

“De dichas reformas destaca la creación de la Tercera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que estará conformada por tres magistrados de la Sala Superior y cinco salas especializadas en materia de responsabilidades administrativas, cada una integradas por tres magistrados”, expuso el Ejecutivo federal en su notificación al Senado.

En sus facultades están señaladas las de resolver el recurso de apelación que se interponga en contra de las resoluciones dictadas por las Salas Especializadas en Materia de Responsabilidades Administrativas.

También puede ejercer la facultad de atracción para resolver los procedimientos administrativos sancionatorios que deriven de faltas graves, cuya competencia corresponda a las salas especializadas anticorrupción.

Resolverán los recursos de reclamación que señala la Ley General de Responsabilidades Administrativas y fincarán a los servidores públicos y particulares responsables, el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública federal o al patrimonio de los entes públicos federales.