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San José.— Sin importar una infinidad de adversidades, mujeres y hombres de rostros tristes se aparecen cualquier día en alguna calle de una ciudad de América Latina y el Caribe y, desafiantes, marchan bulliciosos y gritan una proclama que martillea sin cesar—“¡Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos!”—y gana fuerza cada 30 de agosto.
Atormentados por una duda—“¿Dónde están?”—siempre sin respuesta, viven con un vacío interno. Por eso, el Día Internacional de las Víctimas de las Desapariciones Forzadas, que se recuerda mañana, ahonda el dolor de los familiares de los centenares de miles de latinoamericanos y caribeños que sufrieron la práctica política de la detención—desaparición.
“Es una historia que no termina nunca”, narró la chilena Lorena Pizarro, hija de Waldo Pizarro y nuera de Javier Donato, desaparecidos en 1976 en la dictadura militar anticomunista que desató un intensa represión política y gobernó Chile hasta 1990 y a partir del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 que derrocó al presidente de ese país, Salvador Allende.
“No sabemos dónde están [las víctimas]. La resistencia de la memoria es para no olvidar”, afirmó Pizarro, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Chile. “Muy doloroso”, dijo la chilena a EL UNIVERSAL.
Cobijada por el anticomunismo y la Doctrina de Seguridad Nacional de Estados Unidos, la costumbre política, militar, policial y judicial de detener y desaparecer fue depurada en Guatemala en 1966 y se propagó por América Latina y el Caribe en la pugna de la Guerra Fría entre comunismo y capitalismo o Wa- shington versus Moscú.
Pero la técnica de desaparecer personas… tampoco desapareció. Al amanecer del 18 de julio anterior en Honduras, cuatro hondureños de la comunidad afro-hondureña garífuna sufrieron la desaparición forzada por ser negros, pobres, defensores de derechos humanos y de sus tierras ancestrales.
Organismos de derechos humanos de Honduras establecieron que, por la represión anticomunista de las décadas de 1970 y 1980, desaparecieron 128 hondureños y 40 extranjeros en ese país. El conflicto bélico de Guatemala, de 1960 a 1996, alcanzó más de 200 mil muertos y desaparecidos.
La dictadura chilena heredó casi mil 700 detenidos—desaparecidos y unas 3 mil asesinados, y que la de Argentina, de 1976 a 1983, dejó unos 30 mil desaparecidos, aseguraron informes independientes.
Los gobiernos militares de Bolivia, de 1964 a 1982, se saldaron con 156 desaparecidos, y la dictadura castrense de Brasil, de 1964 a 1985, con 421, mientras que en la de Uruguay, de 1968 a 1985, con 192, precisaron.
Paraguay llegó a 500 de 1954 a 1989 en la dictadura de Alfredo Stroessner. La guerra civil de El Salvador sumó de 6 mil a 8 mil desaparecidos y unos 75 mil muertos, pero las detenciones arbitrarias con desaparición estremecieron a ese país al menos desde 1931.
República Dominicana contabilizó 20 mil desaparecidos en la dictadura de Rafael Trujillo, de 1930 a 1961, y en los distintos gobiernos de Joaquín Balaguer entre 1960 y 1996, en una represión contra toda clase de opositores (comunistas y de otros signos). La represión de la dictadura de 1957 a 1986 en Haití de la familia Duvalier arrojó “miles” de desaparecidos, asesinados y torturados.
Los datos oficiales de desapariciones de 2006 a 2020 en México en la guerra contra el narcotráfico superan los 61 mil.
La cifra de desaparecidos en Colombia por la guerra que estalló en 1964 oscila entre 28 mil y más de 125 mil, dijo el colombiano John León, miembro de una comisión de búsqueda como parte del pacto de paz que la ahora disuelta guerrilla comunista de las Fuerzas Amadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el gobierno firmaron en 2016.
“La práctica es recurrente, vigente”, denunció León a este diario, basado en que el Comité Internacional de la Cruz Roja reveló ayer que 466 desaparecieron de 2016 a 2020, uno cada tres días. “Lejos de ser una realidad histórica, la desaparición en Colombia es una realidad permanente”, lamentó.
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