En Sinaloa, reforma sobre fiscalización divide opinión

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La iniciativa de reforma que contempla eliminar la facultad de los diputados locales para aprobar o rechazar las cuentas públicas del gobierno del estado y las 18 alcaldías, ha originado un desencuentro de opiniones en el estado.

Por un lado, los partidos (PRI, Panal y el Sinaloense) impulsores de esta modificación, la cual busca derogar los párrafos sexto y séptimo del artículo 37 de la Constitución local, aseguran que con ella se desvincularían los temas políticos a la hora de analizar los ejercicios fiscales.

José Menchaca, presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso sinaloense, comentó que existe una mala interpretación de quienes rechazan la iniciativa, ya que ésta aspira a despojar el “interés político” de los grupos parlamentarios en la examinación de las cuentas.

“La intención es que sea la Auditoría Superior del Estado la que rinda un informe, como lo hace en la actualidad, con un trabajo más profundo sobre la revisión anual”, afirmó.

Por otro lado, la oposición, encabezada por Acción Nacional, organismos sociales y activistas, afirman que con esta medida se pretende romper el equilibrio entre poderes.

Norma Sánchez, presidenta de la organización Iniciativa Sinaloa, explicó que la reforma implica mayor opacidad, pues se impedirá a los ciudadanos conocer cómo se ejercen los recursos públicos, ya que será la Auditoría Superior del Estado la que emita un informe.

David Moreno Lizárraga, titular del Parlamento Ciudadano, también señaló que existe la pretensión de mutilar la función constitucional del Poder Legislativo bajo el argumento de dotar de mayores facultades a la Auditoría Superior, “órgano que no es trasparente en sus actuaciones”.

En la actualidad, dijo, los ciudadanos conocen a través de las sesiones públicas de la LXII Legislatura los motivos por lo que varias cuentas públicas del primer semestre de 2016 no fueron aprobadas, mecanismo que se busca eliminar.

Carlos Castaños, coordinador parlamentario del PAN, declaró que el proyecto quitaría la facultad al pleno del Congreso de conocer, analizar y discutir los dictámenes que emite la Comisión de Fiscalización.

Informó que los diputados aprobarían o rechazarían en sesión los informes de la Auditoria y aseguró que no se define qué sucederá con las cuentas públicas no aprobadas, pues que se deja una laguna en esa materia.

En los párrafos a eliminar se estipula: “El Congreso revisará, aprobará, hará observaciones o suspenderá y, de proceder, expedirá el finiquito respectivo, cuatrimestralmente tratándose de cuentas públicas municipales y semestralmente cuando se refiera a la cuenta pública estatal”.