Llegamos todas: el poder al servicio de la justicia

El 1 de octubre de 2024 llegamos todas. Hay fechas que no se miden en años sino en generaciones, y esta es una de ellas. Durante dos siglos, la historia mexicana escribió su relato del poder casi exclusivamente en masculino, y esa tarde, en la tribuna, algo del lenguaje mismo con el que pensamos la nación se transformó. No es exagerado decir que México aprendió, ese día, una nueva manera de nombrarse a sí mismo.

Los debates en torno a la representación política son muchos, todos controvertidos y algunos de ellos hasta espinosos. Ya varias autoras feministas han llamado a distinguir la representación descriptiva, es decir, aquella en la que un cargo público es ocupado por alguien que comparte una característica con el grupo al que representa, sin que esto garantice que actúe en su favor, de la sustantiva, que ocurre cuando quien ocupa ese cargo efectivamente impulsa decisiones y políticas que atienden los intereses de ese grupo. A la luz de esta distinción, las mujeres mexicanas somos muy afortunadas de contar con la representación verdaderamente sustantiva de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien ha convertido la llegada histórica de una mujer a la Presidencia en uno de los liderazgos feministas más ambiciosos y destacados del mundo. Las evidencia habla por sí sola.

En el terreno institucional y normativo, creó la Secretaría de las Mujeres e impulsó la reforma constitucional de noviembre de 2024 que consagra la igualdad sustantiva y la perspectiva de género como mandato del Estado. El despliegue territorial de esta política incluyó la distribución nacional de la Cartilla de los Derechos de las Mujeres y la expansión de los Centros LIBRE, cuya red supera actualmente los 900 espacios en el país. A ello se suma la armonización de 17 leyes federales en materia de igualdad de género y la firma del primer acuerdo de colaboración voluntaria con Google, Meta y TikTok para enfrentar la violencia digital contra mujeres y niñas. La escala alcanzada por estas acciones permite medir cómo el compromiso presidencial se ha convertido en capacidad estatal y protección efectiva para las mujeres. Ahí reside la diferencia entre una representación descriptiva y una verdaderamente sustantiva. No basta con que una mujer ocupe la Presidencia, la administración de la Dra. Sheinbaum ha usado ese lugar estratégica y decididamente para mejorar, en los hechos, la vida de millones de mexicanas.

Consciente de la magnitud del reto que supone corregir las desigualdades estructurales que operan contra las mujeres, la presidenta sigue proponiendo mejoras para consolidar la cruzada más ambiciosa de la historia nacional por la igualdad, en dignidad y derechos, de las mujeres mexicanas. En este marco, propone la Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño por el Delito de Feminicidio. Destaco a continuación algunas particularidades de la propuesta en las que, estimo, radica su aportación al marco normativo mexicano, así como su valor social concreto. En primer lugar, la homologación del tipo penal de feminicidio en las 32 entidades del país, con penas de 50 a 70 años de prisión. En segundo lugar, el carácter imprescriptible del delito y de la reparación del daño, sin posibilidad de amnistía, conmutación de pena o libertad condicionada. En tercer lugar, la pérdida automática de la patria potestad, la tutela, la curatela y los derechos sucesorios para el agresor, además de su inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo público. Y, en cuarto lugar, la creación del Registro Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes en Orfandad por Feminicidio y de Planes Integrales de Protección para las víctimas sobrevivientes.

Más allá de las medidas específicas que contempla la ley, quiero hacer énfasis en el equilibrio entre justicia distributiva y justicia restaurativa que contempla la propuesta de la presidenta. La justicia distributiva consiste en asignar al agresor una sanción proporcional a la gravedad del daño causado, de modo que el castigo corresponda con la magnitud del delito, mientras que la restaurativa contempla la reparación integral del daño a la víctima y a su entorno, con miras a restituir, en la medida de lo posible, la dignidad y el bienestar que el delito arrebató. La propuesta que recibimos por parte de la presidenta el 15 de julio logra conciliar estos dos enfoques y conjugar las necesidades, muchas veces en tensión, de castigo al agresor y reparación del daño a la víctima.

El feminicidio es un lastre que nos obliga a mirar las entrañas de nuestra sociedad y a confrontar el futuro que estamos construyendo como país para sus habitantes, en particular para las niñas y las jóvenes que hoy crecen bajo la sombra de una violencia que compromete nuestra grandeza nacional y pone a prueba la verdadera profundidad de nuestra vida democrática. Ninguna reforma puede devolver una vida arrebatada, pero sí puede impedir que la impunidad siga siendo la respuesta del Estado frente a la violencia feminicida. De modo que, más que un mero instrumento legal, esta ley es una declaración de que México ya no está dispuesto a mirar hacia otro lado, ni a desoír la responsabilidad que tiene para con las niñas y mujeres que lo habitan.

La Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño por el Delito de Feminicidio será, sin duda, uno de los temas más relevantes en torno a los cuales girará la discusión en el periodo ordinario de sesiones que inicia el próximo 1 de septiembre. Desde el escaño: seguiré acompañando las iniciativas de la presidenta Claudia Sheinbaum con orgullo, convicción y profunda responsabilidad. Nos leemos pronto.

Senadora por la Ciudad de México

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