Preocupa a la SIP erosión en México a libertad de expresión

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó hoy su preocupación por una serie de disposiciones en materia de telecomunicaciones en México que, de aplicarse, pueden erosionar la libertad de expresión al crear un “clima de autocensura” entre los medios.

La preocupación de la SIP surge después de que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) anunciara en diciembre pasado que aplicaría el próximo 16 de febrero una serie de “lineamientos” para la “defensa de los derechos de las audiencias”. A juicio de la Sociedad, estas disposiciones del citado órgano autónomo del Poder Judicial mexicano “se entrometen en los contenidos de los medios de comunicación electrónicos” y “establecen criterios de veracidad” discutibles, además de “imponer divisiones sobre noticias y opiniones”.

Uno de los criterios del IFT que son contemplados por la SIP como “cortapisas”, que además puede significar la imposición de “fuertes multas ante infracciones reiteradas” e incluso el cierre de los medios.

No obstante, la Sociedad Interamericana de Prensa, con sede en Miami, se felicitó de que el gobierno mexicano haya presentado este miércoles ante la Suprema Corte una moción contra la normativa del IFT, con el argumento de que es “contraria a la Constitución por anticipar actos de censura”.

“Recibimos con alivio el reclamo de la Presidencia en este tema, sobre el cual habíamos expresado nuestra inquietud ante autoridades del IFT durante una visita a México la semana pasada”, señaló en un comunicado Matt Sanders, presidente de la SIP.

Sanders, Roberto Rock, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, y Ricardo Trotti, director ejecutivo de la SIP, se reunieron el jueves pasado en Ciudad de México con María Lizárraga Iriarte, Assuán Olvera Sandoval y Edgar García, funcionarios del IFT.

Sanders indicó que, del análisis de los citados lineamientos del IFT, se desprendió la “certeza” de que éstos pueden generar un “clima de censura previa” entre los periodistas, por lo que instó al instituto a que aplace la “entrada en vigencia de este reglamento hasta que sean discutidos con mayor profundidad y en particular hasta que la Corte resuelva sobre el fondo de su legalidad”.