El modelo de selección de consejerías INE muestra señales de agotamiento. Es cierto que entre quienes recién llegaron al Consejo General hay perfiles con trayectoria reconocida en el ámbito electoral, pero la calidad del combo 2026 es desigual. Hay cuestionamientos que acompañaron todo el proceso. Se debe revisar el mecanismo institucional, ya que éste debe ser indubitable, incluso cuando el entorno político lo somete a pruebas extremas.
En materia electoral el tema de la confianza no es menor. La credibilidad del árbitro es indispensable para que los actores políticos acepten los resultados. Por eso, cuando el propio proceso de selección de las autoridades electorales genera dudas, el problema se torna estructural. Apunto cuatro vulnerabilidades del caso mexicano que llevan tiempo gestándose.
La primera es la composición del Comité Técnico. La ley establece que sus integrantes son propuestos por dos organismos autónomos y por el Congreso. La extinción del INAI y la merma en el peso político de la CNDH son sólo parte del problema. Lo verdaderamente relevante es que históricamente la integración del Comité ha reproducido la correlación de fuerzas partidistas. Cuando el órgano encargado de garantizar la solvencia técnica de los aspirantes debe su existencia a los mismos actores que tienen interés en el resultado, su independencia queda en entredicho. El punto más bajo de este riesgo se alcanzó en 2020, cuando un integrante del Comité utilizó su posición para promover públicamente a candidatos de su preferencia.
Una reforma debería explorar criterios de designación que amplíen su base de legitimidad. Por ejemplo, podría pensarse en incorporar al cuerpo técnico a rectores de universidades públicas, o bien a colegios de profesionistas con trayectoria acreditada.
La segunda vulnerabilidad tiene que ver con la conducción de los exámenes. Controles adecuados en la elaboración, resguardo y aplicación de las pruebas habrían sido suficientes para desmontar las dudas. Cadenas de custodia —trazables y verificables— son la mejor vacuna para evitar suspicacias. Una reforma debería elevar a rango normativo los estándares en cada etapa del proceso evaluativo.
Un tercer aspecto tiene que ver con los plazos. En 2026 la convocatoria se publicó el viernes previo a la semana en que los aspirantes debieron entregar su documentación. Cuando la información formal se emite con plazos cortos, necesariamente se beneficia a quienes informalmente conocen los criterios de evaluación. Una reforma que fije en la ley calendarios predecibles generaría condiciones más equitativas.
La cuarta vulnerabilidad es la percepción de captura. Cuando un proceso se percibe como predeterminado, una parte de los mejores perfiles disponibles simplemente no participa. La autoexclusión de expertos con credenciales sólidas es un costo silencioso pero real.
Algunos países de la región han ensayado respuestas interesantes. Perú delega la selección en la Junta Nacional de Justicia mediante concursos abiertos de méritos. Ecuador intentó encomendar este tipo de selecciones a un organismo ciudadano sin participación alguna del Congreso. Hay un amplio menú de fórmulas para resolver la tensión entre legitimidad democrática y autonomía técnica de forma que genere confianza.
México tardó décadas en construir un árbitro electoral confiable. Ese logro descansa en gran medida en la confianza que la sociedad deposita en quienes integran el Consejo General. Cuidar el proceso por el que se elige a esas personas es, en el fondo, una conversación sobre la calidad de nuestra democracia. Las reformas que aquí se apuntan no pretenden reinventar el modelo, sino corregir sus fisuras antes de que se conviertan en fracturas.