2027: la paridad frente al desafío de ejercer el poder

El pasado 10 de septiembre comenzó formalmente el proceso electoral federal 2026-2027. México se encamina a una de las contiendas más relevantes de nuestra historia reciente: estarán en juego la renovación de la Cámara de Diputados y miles de cargos de elección popular en todo el país. La jornada electoral será el 6 de junio de 2027.

Para las mujeres, no se trata de una elección más. Es una nueva oportunidad —y también una exigencia— para hacer efectivo lo que durante décadas hemos conquistado: el derecho a participar en la vida pública en condiciones de igualdad y a ocupar los espacios donde se toman las decisiones.

Por eso resulta tan importante el encuentro de mujeres que, desde distintos espacios y con diferentes trayectorias, seguimos construyendo una agenda común. La reciente Asamblea Nacional de Mujeres en Plural fue un espacio para preguntarnos qué sigue, qué debemos transformar y qué alianzas necesitamos construir frente a un proceso electoral que puede marcar un nuevo punto de inflexión para la democracia paritaria.

Hay que decirlo con claridad: la paridad no es una concesión de los partidos políticos, una cortesía institucional ni un favor de quienes toman las decisiones. Es un mandato constitucional y un derecho político de las mujeres.

Pero también sabemos que la paridad numérica, por sí sola, no garantiza igualdad sustantiva. No basta con que las mujeres aparezcan en las boletas si no cuentan con las mismas posibilidades de competir, recursos para hacer campaña, acceso a medios de comunicación, visibilidad pública, respaldo político y condiciones de seguridad.

En ese sentido, entre las propuestas planteadas desde Mujeres en Plural destacan criterios de paridad para las 17 gubernaturas en disputa; el cumplimiento efectivo de la paridad horizontal y vertical; que al menos 50 por ciento del financiamiento de campaña se destine a las candidatas; el ejercicio real y transparente de los recursos destinados al liderazgo político de las mujeres; una perspectiva interseccional que incluya a mujeres históricamente discriminadas, y cero tolerancia frente a la violencia política contra las mujeres en razón de género.

Estas propuestas no pueden quedarse en un pronunciamiento. Deben convertirse en reglas, decisiones y acciones concretas. Los partidos políticos tienen la responsabilidad de garantizar condiciones reales de competencia y dejar atrás cualquier forma de simulación. Las autoridades electorales, por su parte, deben vigilar el cumplimiento de la paridad, garantizar el acceso equitativo a los recursos y sancionar cualquier forma de violencia política contra las mujeres.

Pero también es necesario convocarnos a nosotras mismas. A las mujeres que, desde distintas trincheras, hemos luchado por abrir espacios y conquistar derechos. No necesitamos pensar igual para defenderlos juntas. Podemos tener historias, experiencias y posiciones diferentes, pero reconocernos en una causa común: proteger y ampliar los derechos que tantas mujeres conquistaron antes que nosotras.

Porque 2027 no debe ser solamente una elección con más mujeres en las boletas. Debe ser una elección con más mujeres decidiendo, gobernando y ejerciendo el poder.

La democracia paritaria todavía está en construcción. Y ningún derecho conquistado debe darse por garantizado. Ahora que el proceso electoral ha comenzado estaremos listas y atentas para organizarnos, participar, vigilar y exigir que la paridad se cumpla, se respete y se convierta, finalmente, en poder real para las mujeres.

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