Dieciocho minutos y medio

El 21 de noviembre de 1973, uno de los abogados de Richard Nixon en el caso Watergate informó al juez John Sirica que una de las cintas clave de la Casa Blanca sobre el escándalo tenía un hueco de 18 minutos y medio. Dieciocho minutos y medio de zumbido en una grabación realizada el 20 de junio de 1972, mientras Nixon conversaba con su jefe de gabinete, H.R. Haldeman, apenas tres días después del allanamiento al complejo Watergate.

Durante meses, Nixon había peleado con uñas y dientes para no entregar las grabaciones, invocando el privilegio ejecutivo y la confidencialidad de las comunicaciones presidenciales, incluidas aquellas que tocaban asuntos de política exterior. Cuando el escándalo creció y la presión pública se volvió insostenible, ofreció transcripciones tan fuertemente editadas que los tribunales y el Congreso exigieron las cintas originales.

Al final, ninguna de las palabras que sobrevivieron en las cintas dañó tanto a Nixon como esos 18 minutos y medio de silencio. El hueco se convirtió en un símbolo mayor de posible encubrimiento, y aunque su contenido completo sigue siendo desconocido hasta ahora, fue la gota que desbordó las mayores sospechas y especulaciones.

En México, la Secretaría de Relaciones Exteriores acaba de producir su propio hueco en uno de los casos más controvertidos para la presidente Claudia Sheinbaum. El 23 de junio pasado, el Comité de Transparencia de la Cancillería resolvió reservar por cinco años toda la documentación intercambiada con Estados Unidos sobre Rubén Rocha Moya y Enrique Inzunza: oficios, notas verbales, minutas, fichas informativas, correos institucionales. El argumento oficial fue que su divulgación “podría menoscabar la conducción de las relaciones internacionales” del país. La resolución la dio a conocer la revista Proceso el martes.

Sin embargo, para el miércoles a mediodía, la propia Secretaría de Relaciones Exteriores anunció que, por instrucciones directas de la presidente, se transparentaría una parte de la información del caso Rocha Moya.

Reservar información por cinco años en el caso de un gobernador mexicano acusado por una fiscalía estadounidense genera, inevitablemente, la inferencia que el gobierno más quería evitar: que el expediente contiene información incriminatoria para más funcionarios del propio gobierno o de Morena; que detrás del caso hay muchos más implicados y a un nivel quizá más alto. El costo en credibilidad y reputación para el gobierno es exorbitante. Por tanto, el supuesto beneficio diplomático (“no dañar las relaciones internacionales”) queda muy disminuido.

Si bien Palacio Nacional intentó corregir el rumbo, lo hizo tarde y mal pues la sospecha ya estaba sembrada. Además, la supuesta corrección repite el mismo error cometido por Nixon con el envío de las transcripciones editadas: lejos de resolver el problema, lo agrava. En el caso Rocha Moya permanecen bajo reserva las notas diplomáticas vinculadas a expedientes judiciales, el equivalente al hueco en la cinta de Watergate. Lo que hayan planteado Washington y México sobre el asunto, si estuvo sobre la mesa la entrega del Gobernador Rocha Moya y del Senador Inzunza, todo eso forma parte del hueco.

Queda además para el anecdotario que sea la propia presidente quien tenga que enmendar la plana a un órgano burocrático (el Comité de Transparencia de Cancillería) que, vista la reacción de Palacio Nacional, habría actuado por cuenta propia, sin consulta. Esto plantea una pregunta incómoda: ¿qué tanto control real tiene la presidente sobre decisiones tan trascendentes como la reserva de información por cinco años?

La reserva total de información sobrevivió menos de 24 horas, pero el gobierno se reservó su propio hueco. El zumbido del escándalo Watergate duró 18 minutos y medio, suficientes para sembrar la duda y disparar especulaciones sobre lo que ahí se habría tratado de esconder. En México bastaron menos de 24 horas para que el gobierno diera marcha atrás parcial, aunque manteniendo reservada una parte sustancial de la información. El resultado es el mismo: dudas y especulación desatada.

“Nuestro compromiso es con la transparencia”, remató la Cancillería, veinticuatro horas después de haber resuelto exactamente lo contrario.

X: @solange_

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