La presidenta Sheinbaum estuvo el fin de semana en Sonora, donde encabezó un acto para restituir a los pueblos yaquis 239 hectáreas en San Ignacio, Río Muerto. Lo anterior como parte del Plan de Justicia del Pueblo Yaqui, en la línea de las propuestas del ex presidente López Obrador. Los yaquis, como es sabido, son un grupo indígena indomable, al cual quisieron someter de distintas maneras lo mismo el régimen porfirista y el priismo. El primero mediante persecuciones y represión, el segundo por medio de la cooptación. En el período posrevolucionario, el presidente Cárdenas buscó una reconciliación del gobierno mexicano con los yaquis mediante la reforma agraria, pero si bien logró mejorar la dinámica, no consiguió arreglar el problema.
El problema central entre los yaquis y el estado mexicano ha sido, quizá, el agua. Durante el sexenio del gobernador Padrés en Sonora, las tensiones por el agua alcanzaron niveles sin precedente y algunos grupos yaquis llegaron a tomar carreteras para exigir que se les consultase el uso de cuerpos del líquido que ellos reclaman como parte de su patrimonio. Si bien el obradorismo manifiesta interesado en resarcir los daños históricos sufridos por los yaquis, en los hechos, parece que todo seguirá igual. Durante su evento en Sonora, la presidenta tuvo que escuchar a un campesino yaqui quejarse “Muchísimos pueblos y sufren mucho, no pueden salir adelante… Sufren mucho, como no se imaginan, las ven ( a las personas de la comunidad) con las mangueras en los brazos para ir a conseguir el agua. Los caminos totalmente abandonados. Están abandonados. Estamos abandonados.” En suma, los discursos son una cosa y las realidades otra.
En una tradición muy priista, sabemos que el régimen se cansa de alabar a los indígenas públicamente, pero en los hechos, si bien reciben apoyos, los gobiernos no les garantizan las condiciones que permitan superar la pobreza. Uno quisiera conocer historias de éxito que garanticen a todos los yaquis recibir una educación pública de excelencia, que les permita desarrollarse profesionalmente en todas las áreas. Más aún, sería deseable que dispusieran de clínicas y hospitales públicos de alto nivel para atender su salud. Todos quisiéramos ver una infraestructura deportiva de primer mundo que aproveche la disposición y talante atlético de los yaquis. No obstante, desde hace un siglo, la discusión es cuánta agua y tierras debe darles el Estado. Les dan y les quitan. No se les incorpora plenamente a la ciudadanía del siglo XXI, pues como al resto de los mexicanos en el país, el gobierno es incapaz de proveerles servicios universales de excelencia. Sigue en pie la duda viejísima “¿los integramos o reconocemos jurídicamente sus diferencias políticas y sociales?” Muy a la mexicana ni una ni otra, sino que a veces una y cuando convenga, la otra.
Es muy difícil desarrollar una discusión inteligente sobre cuestiones indígenas en la era woke. Regresamos al penosísimo debate histórico de si Hernán Cortés era un héroe o un villano. Lo que nadie dice, de lo que nadie habla, es cuándo conseguiremos que haya nombres yaquis reconocidos en todo el país al frente de los gobiernos locales y el federal. Yaquis encabezando el consejo de administración de las grandes empresas o desempeñándose como líderes intelectuales y culturales en la rectoría de las universidades. Yaquis obteniendo reconocimientos nacionales e internacionales en las áreas científicas más destacadas. No vemos nada de esto, y no es por falta de talento o esfuerzo, sino porque la política pública se limita a ofrecerles un agua o unas tierras que este año les dan y el siguiente se las quitan. ¿Otro siglo sin una meta nacional de integración y éxito para esos pueblos?
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