Todos queremos más derechos. (Casi) nadie quiere pagar más impuestos.
En esa contradicción aparentemente sencilla se esconde uno de los grandes dilemas de las democracias modernas. Queremos mejores hospitales, escuelas de calidad, medicamentos disponibles, sistemas de cuidados, calles seguras y tribunales eficientes. Queremos que el Estado garantice una vida digna, pero pocas veces nos detenemos a pensar en una pregunta incómoda: ¿quién paga todo eso?
Imaginemos que una ambulancia llega en cuestión de minutos cuando una persona sufre un infarto; que al llegar al IMSS encuentra médicos, medicamentos disponibles y una cama. Me atrevería a decir que nadie discutiría que eso forma parte del derecho a la salud. Lo que rara vez pensamos es que detrás de ese derecho hay combustible, salarios, equipo médico, infraestructura y miles de decisiones presupuestarias. Los derechos, aunque a veces olvidemos decirlo, cuestan.
El Universal Responde
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Durante mucho tiempo se pensó que algunos derechos eran gratuitos. La libertad de expresión, por ejemplo, parecía consistir únicamente en que el gobierno se abstuviera de censurar a las personas. Sin embargo, incluso esa libertad requiere jueces que protejan a periodistas perseguidos, instituciones que investiguen agresiones y tribunales capaces de sancionar abusos.
Los derechos no viven únicamente en los textos constitucionales, también viven en las instituciones que los hacen realidad. Por eso resulta engañosa la idea de que los derechos y el presupuesto pertenecen a mundos distintos. En realidad están profundamente conectados. Toda decisión presupuestaria es también una decisión sobre derechos. Cuando un gobierno decide cuánto gastar en salud, educación, seguridad o cuidados, está definiendo qué tan reales serán esos derechos para millones de personas.
En México solemos discutir mucho sobre el reconocimiento de nuevos derechos y muy poco sobre cómo financiarlos. Reformamos constituciones, aprobamos leyes y ampliamos catálogos de garantías. Celebramos, con razón, que se reconozcan nuevas demandas de justicia. Pero con frecuencia dejamos para después la conversación más difícil: cómo convertir esas promesas en realidades tangibles.
El problema no es menor; los recursos públicos son limitados y gobernar implica elegir prioridades. Cada peso destinado a una política pública es un peso que no se destina a otra. Esa tensión es inevitable y forma parte de cualquier democracia.
Pero reconocer que los derechos tienen un costo no significa que el gobierno pueda excusarse simplemente diciendo que no hay dinero. Si así fuera, cualquier derecho podría vaciarse de contenido con una explicación contable. Cuando el Estado sostiene que no puede garantizar plenamente un derecho, debe explicar por qué. Debe demostrar qué recursos tiene, cómo los utiliza y cuáles son las razones que justifican sus decisiones.
Tampoco puede retroceder con facilidad; si una sociedad ha alcanzado cierto nivel de protección en materia de salud, educación, cuidados o seguridad social, reducirlo exige razones particularmente sólidas.
Ahí aparece una tarea que suele recaer en la sociedad civil, organizaciones, académicos, periodistas y ciudadanos son quienes preguntan por qué se reducen recursos para ciertos programas, quienes exigen transparencia y quienes recuerdan a los gobiernos que los derechos no son favores ni concesiones temporales.
La discusión no debería ser si los derechos cuestan; sabemos que cuestan. La discusión debería ser otra: qué estamos dispuestos a financiar cuando afirmamos que un derecho importa y qué explicaciones estamos dispuestos a aceptar cuando el gobierno dice que no puede garantizarlo.
Toda decisión presupuestaria es también una decisión sobre derechos.