Somos México

Morena seguirá gobernando después del 2027, porque el Senado de la república fue electo por seis años, porque el Poder Judicial responde a sus intereses (“se nota el cambio”, dijo la presidenta en su informe al referirse a la Corte) y porque no perderá el control del Ejecutivo. Podría perder algunos estados y, en el peor escenario, la mayoría calificada en la Cámara de Diputados. Pero nada más.

Si las elecciones fueran limpias y las encuestas fieles, Morena solo tendría que preocuparse por dos frentes: los estados y los distritos que podría arrebatarle MC; y los costos que habrá de pagar por mantener su alianza con el PT y el partido Verde. Dudo que otra fuerza política sea un riesgo, pues los números negativos del PAN y del PRI siguen superando con creces sus simpatías, mientras los dirigentes de ambos partidos se esmeran en demeritarlos aún más.

Por eso llama la atención el encono que le ha generado Somos México: un partido que deberá enfrentar sus primeros comicios sin alianzas, sin gobiernos, sin legisladores y en franca desventaja financiera y territorial. Pero es evidente que en Morena tienen otra lectura: además de las descalificaciones a sus dirigentes y sus militantes, Somos ha padecido una ofensiva legaliforme contra su identidad política que les obligó a renunciar al nombre de Somos México y a modificar sus colores y su emblema; y al mismo tiempo, le cayeron encima las acusaciones enderezadas en contra de Ernesto Ruffo, poco después de que éste se sumara al Consejo Consultivo de ese partido.

El caso de Ruffo podría leerse por separado, como parte de una estrategia para desviar la atención sobre los dirigentes de Morena, acusados por los Estados Unidos por sus presuntos vínculos criminales. Les vino bien que una empresa en la que participa como accionista apareciera vinculada al trasiego de combustibles, aunque Ruffo estuviera ajeno a su operación. Y a pesar de su cercanía reciente con Somos, la versión más extendida es que se trata de un preso político y que el golpe va dirigido al PAN, donde el exgobernador sigue militando.

Pero lo que no deja lugar a dudas es el fraude cometido por las autoridades electorales proclives al régimen. Somos México fue obligado a cambiar de nombre, de emblema y de color, con argumentos completamente ajenos a la ley. Alegaron que nadie puede usar la palabra “México” en su denominación excepto –claro– “La esperanza de México”. Dijeron que nadie puede usar un mapa de la república mexicana –pero sí los colores de la bandera y el águila de nuestros símbolos patrios– y, ya en el paroxismo, tampoco el color rosa. Si no fuera un gravísimo abuso de autoridad, daría risa.

Se trata de un fraude porque el INE y el Tribunal Electoral vulneraron la voluntad de los miles de personas que decidieron apoyar la creación de Somos México en sus asambleas y mediante sus afiliaciones individuales, con ese nombre, ese emblema y ese color, aprobados en su momento sin ninguna restricción por las mismas autoridades que hoy los prohíben. Enconados contra ese partido, pasaron por encima del principio de definitividad procesal diseñado para evitar decisiones atrabiliarias sobre resultados incómodos, en vez de respetar las reglas y los procesos previamente cerrados.

La definitividad es el anclaje de la certeza, pues cada decisión previa eslabona con certidumbre el paso siguiente, hasta llegar a la calificación definitiva de una elección. Cuando se vuelve atrás para modificar decisiones a modo, se vulnera además la legalidad; y si el criterio cambia para favorecer o perjudicar a un partido, se vulnera la imparcialidad. Hoy le tocó a Somos México. Pero que se sepa: las autoridades electorales no son imparciales, no ofrecen certeza y no respetan la legalidad. El proceso aún no empieza y ya empezó.

Investigador de la Universidad de Guadalajara

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