Lo que estamos viviendo es la consecuencia de la corrupción. Abandonamos la batalla para combatirla, sedados por un discurso que ofreció erradicarla mientras la usaba para ensanchar sus espacios de poder. No es cosa nueva. Ningún gobierno ha asumido en serio esa tarea y todos la han usado para aceitar sus maquinarias.
Ni siquiera ha cambiado el contenido del discurso. Lo mismo decía López de Santa Anna, lo dijo muchas veces Porfirio Díaz, la primera campaña de Obregón estuvo basada en ese lema, lo repitió Elías Calles, lo ofrecieron todos los del PRI (¿se acuerdan de la “renovación moral de la sociedad” de Miguel de la Madrid?), Fox ganó las elecciones contra “las tepocatas y las víboras prietas” y López Obrador la convirtió en el eje principal de la regeneración porque “no somos iguales”. Todos los presidentes mexicanos (excepto los efímeros suplentes de años bélicos) han usado ese discurso.
Empero, todos han repartido puestos como botín político. Ni siquiera Juárez se salva del recuento, porque quería erradicar a los conservadores y garantizar la entrada de los liberales. Díaz quería “poca política y mucha administración” con leales en los puestos públicos; los revolucionarios podían pelearse, pero no aceptaban a nadie ajeno en sus gobiernos; Felipe Calderón bloqueó el servicio de carrera y López Obrador ha exigido noventa por ciento de lealtad y diez por ciento de capacidad. Da igual: la cosa ha sido repartir puestos y controlar los presupuestos bajo el manido argumento de que nosotros somos buenos. Por veredicto popular, los puestos públicos han sido patrimonio de los vencedores.
Lo mismo ha sucedido con los presupuestos. Todos los gobiernos han repartido como les ha venido en gana para favorecer sus preferencias personales. Las cámaras de diputados que han aprobado esos dineros apenas los han tocado en porcentajes mínimos y, en el camino, todos los gobiernos han modificado el presupuesto cuando lo han considerado útil para sus propósitos En la República Restaurada, los ministros iban al Congreso a dar explicaciones, pero nada más. Tristemente, ganar los puestos ha equivalido siempre a ganar los presupuestos, sin mandatos claros, sin proyectos acabados, con costos que se incrementan sobre la marcha y sin más límite que la voluntad presidencial. Cuentan que, durante su gestión en la Secretaría de Hacienda, Ortiz Mena autorizaba gastos y contratos sin más trámite que una firma puesta en papelitos blancos. Lo mismo sucedió durante décadas con la “partida secreta” del Ejecutivo. Después los trámites fueron más complejos, pero el fondo ha sido el mismo: el reparto, los contratos y las autorizaciones de obras, servicios o concesiones grandes, han sido patrimonio de los presidentes.
En otro lugar he descrito (con más amplitud que en este breve espacio) el “decálogo maldito” de la corrupción: no hay archivos, no hay cuentas claras, no hay mandatos precisos, no hay información completa, no hay controles públicos, no hay monitoreo abierto de los gastos, ni de sus resultados, no hay rendición de cuentas y hay un uso faccioso de los procedimientos de auditoría y sanción para controlar la obediencia de las burocracias, pero no para erradicar la corrupción (véase “El Estado capturado”, editorial Terracota). Y siempre ha sido así: se castiga a los rebeldes y a los adversarios, no a los corruptos.
Por supuesto que el crimen organizado se ha colado entre los entresijos de ese sistema de captura. El régimen es poroso y funciona por codicia, con reglas laxas; lo demás viene por añadidura. Pero en vez de quitar los ductos por donde pasa la basura e instalar tubería para que fluya agua limpia, seguimos repitiendo que la lucha es de buenos contra malos y que los buenos somos más. Dale, que aquí no pasa nada.
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