La trama criminal detrás del aguacate mexicano

La cadena de exportación del aguacate mexicano a Estados Unidos fue vulnerada por intereses del crimen organizado. Información de inteligencia en poder del gobierno estadounidense señala que el Sistema Integral de Cosecha de Aguacate, conocido como SICOA, habría sido manipulado para introducir al circuito exportador fruta que no cumplía con los requisitos del programa. El expediente involucra a funcionarios de la Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México, APEAM, y apunta también a posibles actos de corrupción en las Juntas Locales de Sanidad Vegetal de Michoacán.

Ésa es la razón de fondo de la suspensión de actividades del personal estadounidense en Michoacán y no una amenaza directa o la retención de inspectores, como ocurrió en febrero de 2022 y junio de 2024. En esta ocasión, el gobierno de Estados Unidos habría retirado a sus funcionarios después de detectar que la trazabilidad del producto quedó comprometida. La diferencia es sustancial. La manipulación de un sistema de certificación exige auditorías, depuración de padrones y una revisión completa del programa exportador.

Los dos funcionarios más visibles de la APEAM son Luis Javier de la Rocha, director general, y Jesús Martínez Castillo. La investigación busca establecer cómo se incorporó fruta procedente de huertas que no debía ingresar al mercado de exportación, quién modificó los registros y qué participación tuvieron las Juntas de Sanidad de los municipios aguacateros. La evidencia disponible no permite afirmar que los productores sean parte de los cárteles; la mayoría son víctimas del cobro de piso. El señalamiento se concentra en la intervención de redes criminales en los procesos de producción, transporte, empaque, certificación y control territorial.

APEAM conocía la dimensión del problema, pero el martes acudió a Palacio Nacional con una explicación distinta. La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que recibió a representantes de la industria y que, tras el encuentro, se acordó reforzar la presencia de la Guardia Nacional y solicitar una reunión con el Departamento de Agricultura de Estados Unidos. En la mesa participaron también funcionarios de seguridad y del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria.

Los dirigentes de APEAM centraron su exposición en el aumento de las extorsiones contra productores y empacadores y en el programa estatal Guardián Forestal. No informaron a la Presidenta sobre el expediente relacionado con el SICOA ni sobre la investigación estadounidense en torno a las Juntas de Sanidad. Tampoco explicaron que el gremio habría incumplido acuerdos y rutas de trabajo establecidos con el Departamento de Agricultura, el Departamento de Estado y la Embajada para garantizar la seguridad y la integridad del programa. Más que una explicación incompleta, llevaron a Palacio una versión conveniente para sus intereses.

La reacción presidencial se construyó sobre ese diagnóstico. Sheinbaum declaró que si los inspectores estadounidenses no regresan, podrían ser sustituidos por personal de Senasica. Pero esta alternativa es técnicamente inviable sin la autorización de Washington. El aguacate mexicano ingresa a Estados Unidos bajo un Plan de Trabajo Operativo acordado entre USDA-APHIS, Senasica y APEAM. México no puede modificar unilateralmente ese mecanismo ni decidir quién certifica los embarques que entran al mercado estadounidense.

La propuesta resulta todavía menos viable si el problema es precisamente la falta de confianza en los controles mexicanos. Si Estados Unidos investiga la manipulación del SICOA y posibles irregularidades en las Juntas de Sanidad, difícilmente aceptará entregar la certificación exclusivamente a funcionarios de Senasica. La sustitución requeriría modificar bilateralmente el plan, acreditar nuevamente los procesos y establecer un esquema de supervisión aceptado por el USDA.

El tamaño del negocio explica la gravedad del caso. México exportó en 2025 alrededor de 3 mil 650 millones de dólares en aguacate a Estados Unidos, de acuerdo con cifras del USDA. Para 2026, el propio Departamento de Agricultura proyectó exportaciones mexicanas por 1.3 millones de toneladas, con Estados Unidos como principal destino. Michoacán concentra la mayor parte de esos envíos y la industria sostiene aproximadamente 200 mil empleos. El valor diario de las exportaciones nacionales ronda los 10 millones de dólares, por lo que la cifra de 100 millones diarios expuesta durante la reunión en Palacio no tiene sustento aritmético.

Información atribuida al Departamento de Estado calcula que las organizaciones criminales obtienen entre 600 y 800 millones de dólares anuales de la cadena del aguacate. La cifra equivaldría a entre 16% y 22% del valor exportado a Estados Unidos durante 2025.

El expediente adquiere otra dimensión desde que Estados Unidos designó a varios cárteles mexicanos como organizaciones terroristas. Los pagos de extorsión realizados por empacadoras o compañías con exposición a la jurisdicción estadounidense pueden ser investigados como posible apoyo material, aunque hayan ocurrido bajo coacción.

La suspensión no es, por tanto, una disputa fitosanitaria ni un cierre comercial ordinario. Estamos ante una ruptura de confianza sobre la integridad del programa que sostiene el acceso del aguacate mexicano a su principal mercado: Estados Unidos.

Posdata 1

El problema del aguacate puede escalar rápidamente a una crisis económica para Michoacán. Alrededor de 90% de las exportaciones del estado tiene como destino Estados Unidos, por lo que una ampliación de las restricciones o la imposición de sanciones comerciales pondría en riesgo ventas cercanas a 6 mil millones de dólares. No se trata únicamente del aguacate; la exposición incluye berries, limón, mango, guayaba, alimentos procesados y diversas manufacturas.

Michoacán exportó mercancías por aproximadamente 6 mil 358 millones de dólares durante 2024, mientras que sus ventas agrícolas alcanzaron un máximo histórico de 4 mil 580 millones. Para el primer trimestre de 2026, las exportaciones estatales sumaron mil 720 millones de dólares, de las cuales 72.5% correspondió al sector agrícola. La concentración en un solo mercado convirtió la relación con Estados Unidos en el principal motor económico del estado, pero también en su mayor vulnerabilidad.

Si las autoridades estadounidenses confirman que la trazabilidad del aguacate fue vulnerada por redes criminales, la revisión podría extenderse a empacadoras, exportadores, certificadores y otros productos agroalimentarios. Para el gobierno de Alfredo Ramírez Bedolla y la administración de Claudia Sheinbaum, restablecer las inspecciones sólo resolvería la emergencia inmediata. El problema de fondo será evitar que la penetración del crimen organizado termine comprometiendo casi toda la plataforma exportadora de Michoacán.

Posdata 2

El Banco de México mantuvo por unanimidad la tasa de interés en 6.50% y envió una señal clara de que no habrá nuevos recortes durante el resto de 2026. La Junta de Gobierno confirmó así la pausa iniciada en junio, después de llevar la tasa a su nivel más bajo desde 2022. Aunque la inflación general bajó a 3.10% anual en la primera quincena de julio, la subyacente se mantuvo en 3.95%, todavía lejos de una trayectoria compatible con la meta permanente de 3%.

La cautela aumentó porque el banco central volvió a retrasar su previsión de convergencia. Ahora estima que la inflación regresará al objetivo hasta el cuarto trimestre de 2027, en lugar del segundo trimestre contemplado anteriormente. El mensaje es que la reciente disminución de los precios no basta para reabrir el ciclo de recortes, particularmente ante la persistencia de la inflación de servicios, los riesgos cambiarios y la incertidumbre derivada de los conflictos internacionales y la política comercial de Estados Unidos.

La decisión mantiene elevados los costos de financiamiento para empresas y familias, pero protege el diferencial frente a la Reserva Federal y reduce el riesgo de nuevas presiones sobre el peso. Banxico reconoce que la economía repuntó 1.5% durante el segundo trimestre, después de contraerse 0.6% en el primero, aunque todavía anticipa debilidad y riesgos a la baja para la actividad.

Posdata 3

El exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, fue detenido por la Fiscalía General de la República, acusado de obstrucción de la justicia y desaparición forzada en el caso Ayotzinapa. La investigación sostiene que habría ordenado destruir y ocultar videos de vigilancia que registraron el paso de uno de los autobuses utilizados por los 43 normalistas la noche del 26 de septiembre de 2014. Aguirre dejó el gobierno estatal un mes después de la desaparición de los estudiantes, pero durante casi 12 años evitó enfrentar un proceso penal.

La detención se dio luego de que nuevos testimonios señalaran que el entonces gobernador participó en una reunión con altos funcionarios de su administración en la que se habría decidido eliminar las grabaciones. La acusación alcanza uno de los mayores vacíos de la investigación, la desaparición deliberada de evidencia que pudo reconstruir el traslado de los estudiantes y las responsabilidades de policías, autoridades y miembros del crimen organizado. Hasta ahora sólo han sido identificados los restos de tres de los 43 jóvenes.

La captura también confirma el aislamiento político de Aguirre, quien en los últimos años intentó recuperar influencia en Guerrero mediante alcaldes y operadores cercanos. En agosto de 2025, durante una gira por Ometepec, una mujer quiso entregar a Claudia Sheinbaum un regalo enviado por el exgobernador. La Presidenta lo rechazó y posteriormente explicó que no conocía a Aguirre ni tenía deseos de conocerlo. “No recibo regalos de ellos”, dijo entonces. Un año después, el político que buscaba regresar por la puerta de Morena terminó detenido por uno de los episodios más graves y todavía inconclusos de la historia reciente de México.

@MarioMal

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