Morir sin saber

Francisco Rodríguez Morales murió el pasado 21 de agosto sin saber dónde estaba su hijo Everardo, uno de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. Su esposa, Minerva Bello, había muerto en 2018 con la misma pregunta pendiente. Ambos esperaron una respuesta que el Estado mexicano no les dio. Ahora son otras madres y otros padres quienes mantienen la exigencia por Everardo.

Hoy 26 de septiembre se cumplen doce años de la desaparición de los normalistas. Para sus familias, son años de búsqueda que han ocupado sus vidas, deteriorado su salud y alterado la convivencia con sus otros hijos. Mientras cambian los funcionarios y se anuncian investigaciones, ellas siguen necesitando saber qué ocurrió aquella noche y dónde están los muchachos.

“No quisiéramos seguir caminando más y queremos ya una respuesta de las autoridades”, dijo esta semana Hilda Legideño, madre de Jorge Antonio Tizapa. Ella quisiera dejar de marchar porque finalmente recibió las tan anheladas respuestas. Con frecuencia admiramos la fortaleza de las madres buscadoras, pero olvidamos cuánto les cuesta sostenerla. Ninguna madre debería dedicar su vida a exigir que las autoridades busquen a su hijo.

Cristina Bautista, madre de Benjamín Ascencio, recordó que durante este recorrido han fallecido dos madres y seis padres. También explicó que antes de la desaparición de sus hijos, no eran activistas. La búsqueda los obligó a hablar ante micrófonos, recorrer oficinas y organizar protestas. Sus vidas quedaron atravesadas por una obligación que nunca debieron cargar.

A ese desgaste se suma el uso político de su dolor. Morena hizo de Ayotzinapa su bandera y de la promesa de esclarecerlo una prueba de su supuesta superioridad moral. Andrés Manuel López Obrador llegó a la Presidencia comprometiéndose con las familias. Sin embargo, casi ocho años después de que su partido asumiera el gobierno federal, la respuesta central sigue pendiente.

Durante estos 12 años hubo avances parciales que deben reconocerse, pero ninguna detención, reunión o anuncio sustituye el esclarecimiento de lo ocurrido. Morena debe responder por la distancia entre lo que prometieron y lo que han entregado. Invocar los crímenes y encubrimientos del pasado no los libera de sus propias decisiones, omisiones y silencios.

Las familias siguen reclamando acceso a los archivos militares. Su exigencia merece una respuesta documentada y verificable. Después de doce años, no basta con recibirlas y anunciar informes: el gobierno debe explicar qué información ha entregado, qué sigue faltando y qué está haciendo para esclarecer el destino de sus hijos. Cada demora tiene un costo humano para quienes llevan años buscando y temen morir sin saber.

La CNDH también les ha fallado. En su recomendación de julio sostuvo que no había evidencia objetiva para acreditar la participación institucional del Ejército, una conclusión rechazada por las familias y sus representantes. Mientras ellas siguen reclamando información militar, el organismo encargado de defender sus derechos ofrece argumentos para deslindar a la institución. Así invierte su mandato y profundiza su desamparo. ¿Quién defiende a las víctimas cuando su defensor se coloca del lado del poder?

Escucharlas implica atender sus demandas, explicar con pruebas cada conclusión y permitir el escrutinio independiente. La confianza no se recupera pidiendo paciencia a quienes han esperado doce años, ni exigiéndoles que acepten respuestas que no resuelven sus preguntas.

El gobierno ha anunciado otro informe. Tendrá que evaluarse por la solidez de sus pruebas y lo que aporte a la búsqueda. Entretanto, hay un hecho que ningún documento podrá reparar: Francisco y Minerva murieron sin saber dónde estaba Everardo.

Quienes siguen buscando tienen derecho a saber. El Estado debe actuar con esa urgencia. Ya les quitó demasiados años; no puede seguir consumiendo los que les quedan.

Presidenta de Causa en Común

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