El defensor que incomodó al poder

Tras los ataques de mayo, mientras cientos de familias abandonaban sus comunidades, Jesús Plácido Galindo hizo lo que lleva años haciendo: hablar. Denunció a Los Ardillos, señaló la presunta colaboración de policías municipales, alcaldes y otros actores políticos con el grupo criminal, y exigió que Omar García Harfuch acudiera personalmente a Chilapa para conocer una realidad que, dijo, el gobierno estatal minimizaba. Sus denuncias tuvieron amplia difusión. Jesús se volvió incómodo porque no sólo describía la violencia sino que señalaba las redes políticas que, a su juicio, permiten que Los Ardillos controlen comunidades y municipios. Un mes y medio después fue detenido. Hoy está en el Altiplano.

La semana pasada escribí sobre Ernesto Ruffo y el riesgo de que una imputación construida con inferencias convierta la prisión preventiva en condena anticipada y castigo político. El caso de Jesús muestra algo más grave: cómo distintas instituciones pueden actuar contra la misma persona hasta desprotegerla, aislarla y encarcelarla.

Jesús es defensor de comunidades indígenas atrapadas entre grupos criminales y autoridades ausentes. Por el riesgo que enfrentaba, era beneficiario del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Recibía acompañamiento, dos escoltas y un vehículo blindado.

Después de una caravana humanitaria atacada, el Mecanismo le retiró el acompañamiento, los escoltas y la camioneta. Según sus abogados, la autoridad sostuvo que había entrado a comunidades controladas por criminales y provocado el conflicto. La conclusión es estremecedora: como los delincuentes impedían el paso, el defensor no debía acudir. En lugar de recuperar el territorio, el Estado retiró la protección a quien intentaba entrar.

Sus abogados impugnaron la decisión. El 17 de junio recibieron un oficio favorable. Para entonces, la UIF había bloqueado la cuenta bancaria de Jesús, que tenía 280 pesos. Jesús desconoce qué operación justificó la medida. Cuando fue detenido, el 17 de julio, sólo conservaba un botón de asistencia. Permaneció treinta horas sin que su familia, sus abogados ni el propio Mecanismo supieran dónde estaba. Apenas pudo hacer una llamada de un minuto y no pudo designar inmediatamente a sus defensores.

Jesús está acusado de ordenar un homicidio ocurrido en 2021. La defensa niega su participación e involucramiento. Las dos declaraciones que lo incriminan fueron incorporadas posteriormente a la carpeta y, son las únicas páginas que no contienen el código de barras presente en el resto de la documentación.

Una de las declaraciones se atribuye a una persona fallecida en 2022. La defensa sostiene que su firma fue falsificada después de su muerte y prepara un peritaje. La otra pertenece a la hija del hombre asesinado. En sus actuaciones anteriores nunca dijo haber presenciado el homicidio ni saber quién lo cometió. Sin embargo, en junio de 2026 declaró que estaba cerca y escuchó a Jesús ordenar el crimen. Un cambio así no puede tratarse como detalle menor.

No puedo afirmar que sus denuncias sean la causa de su detención. Pero tampoco puede ignorarse la secuencia. En mayo denunció presuntas complicidades políticas con Los Ardillos; en junio perdió su protección y el acceso a su cuenta; en julio fue detenido, incomunicado y enviado al Altiplano. Sus abogados y muchos habitantes de las comunidades consideran que el expediente se construyó para silenciarlo.

El Estado que debía protegerlo terminó desprotegiéndolo y encarcelándolo. El que debía investigar sus denuncias investigó su cuenta; el que debía demostrar su culpabilidad lo encerró en máxima seguridad con testimonios cuya autenticidad y consistencia están seriamente cuestionadas.

Jesús Plácido no está por encima de la ley, pero tampoco por debajo de sus garantías. Si permitimos que esto ocurra con un defensor de comunidades asediadas por el crimen, aceptamos que mañana pueda ocurrirle a cualquiera que denuncie lo que el poder prefiere esconder.

Presidenta de Causa en Común

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