En México, la violencia ha mutado de ejecuciones selectivas a una lógica de exterminio. Los grupos criminales han adoptado estrategias propias de limpieza étnica y genocidio, creando centros de eliminación donde han perfeccionado métodos para desaparecer cuerpos.
Este horror no es casual, se sostiene sobre la impunidad, la corrupción y un Estado debilitado que particularmente desde el sexenio pasado cedió el control de amplias regiones del país a los grupos criminales. La política de “abrazos” incentivó que más cárteles adoptaran tácticas de guerra, convirtiendo la violencia extrema en una herramienta de reclutamiento forzado y de poder.
La filósofa alemana Hannah Arendt advirtió que "el mayor mal no es cometido por gente perversa, sino por burócratas que no tienen empatía" con el dolor humano. En México, la impunidad no siempre responde a la maldad explícita, sino a instituciones débiles, políticos deshumanizados y corruptos y una sociedad que ha normalizado el horror.
Desde Causa en Común hemos documentado que, al menos desde 2019, el crimen organizado comprendió que desaparecer cuerpos es más efectivo que dejarlos en las calles. Sin embargo, fue hasta esta semana que el hallazgo en Teuchitlán, Jalisco, por el colectivo Guerreros Buscadores, expuso a México ante el mundo como un país de salvajes. Las imágenes del centro de reclutamiento de crematorios, de fosas clandestinas, de cientos de zapatos y artículos personales tomadas por el fotoperiodista Ulises Ruiz Basurto que acompañó al colectivo en su recorrido, mostraron el nivel de sofisticación de la maquinaria del horror.
La desaparición no solo oculta los crímenes, sino también distorsiona las cifras oficiales, permitiendo a los gobiernos ocultar los homicidios y a la presidenta Claudia Sheinbaum presumir bajas inexistentes.
Además, esta violencia extrema tiene efectos profundos en quienes la ejecutan. Participar en la desaparición y destrucción de cuerpos no solo refuerza la impunidad, sino que se convierte en un ritual de iniciación que vincula a los perpetradores con la organización criminal. Quienes participan deben demostrar su lealtad mediante actos de barbarie que les provocan cambios psicológicos profundos y los sumergen en una lógica de aniquilación de la que, en la mayoría de los casos, no hay retorno a la sociedad de la que salieron.
Mientras el Estado ha sido incapaz de frenar esta evolución, además la ha perpetuado con su fallida estrategia de militarización de la seguridad pública, los cárteles han respondido con milicias privadas, disciplina militar y estrategias de exterminio. Este modelo, que tuvo su origen en Los Zetas, ha llevado a los cárteles a depender menos de las comunidades y más del reclutamiento forzado. Quienes no se adaptan, son ejecutados sin titubeos.
El costo humano es incalculable: miles de desapariciones, reclutamiento de menores, trata de mujeres, expansión de centros de exterminio y deshumanización sistemática.
En México quieren que creamos que se enfrenta solo un problema de narcotráfico, por las amenazas de los aranceles de Trump y la continua explicación en las mañaneras de detenciones de cargamentos y envíos de narcotraficantes al país vecino. Sin embargo, nuestro país enfrenta principalmente una mutación del terror donde la vida humana ha sido cosificada. La pregunta no es solo cómo frenar la violencia, sino cómo evitar que la desaparición y el exterminio sigan institucionalizándose. La historia ha demostrado que cuando la muerte se convierte en herramienta de poder, la sociedad entera queda atrapada en un ciclo de horror.
México está de luto. Hoy a las 5:00 p.m., hemos sido convocados a acompañar a los colectivos de búsqueda. Unámonos por nuestros desaparecidos. La omisión y la colusión de las autoridades, junto con la indiferencia social, nos han traído hasta aquí. ¿Hasta cuándo seguiremos aceptándolo? (Colaboró Fernando Escobar Ayala)
Presidenta de Causa en Común