La imposición de cadena perpetua a Ismael “Mayo” Zambada anunciada en la Corte de Brooklyn exhibió que la justicia, aunque tardía, alcanza. Al menos la justicia estadounidense que eventualmente llegará incluso a quienes durante décadas se sintieron intocables.

El matiz irónico radica en que no fue el sistema de justicia mexicano, el presumido del régimen, el que logró llevarlo a los tribunales pese a que la mayor parte de los delitos atribuidos a su organización narcoterrorista siguen teniendo profundas repercusiones y secuelas en México.

Así las cosas, la sentencia proyecta la imagen de una justicia que, literalmente cruzó fronteras vía aérea, para hacer lo que el Estado mexicano fue incapaz de —o no quiso— realizar, evidenciando una paradoja institucional en la que la rendición de cuentas llegó desde el exterior, mientras la justicia nacional permanece como una promesa inconclusa.

La paradoja resulta harto difícil de ignorar; la justicia mexicana de la cacareada transformación, la misma que actúa con gracia para los amigos y a secas para los adversarios, fue incapaz de llevar ante sus tribunales al capo Zambada y ahora enfrenta su propio juicio en el contexto de la renegociación del T-MEC.

Lo que antes fue una ausencia con dolo, alevosía y ventaja institucional, hoy se convierte en un elemento de escrutinio internacional. Incluso en un posible instrumento de quid pro quo en las complejas mesas de negociaciones con los Estados Unidos.

La ironía es contundente.

Un sistema que no logró demostrar su eficacia (es un decir) frente al crimen bastante organizado y coludido con las más altas esferas del poder de Morena está siendo obligado a acreditar su credibilidad, no ante millones de mexicanos sino como una condición sine qua non para preservar la certidumbre jurídica, la confianza de los inversionistas, de las empresas trasnacionales y el acceso preferencial al mercado estadounidense.

En otras palabras, permanecer dentro del círculo comercial de Norteamérica donde la fortaleza del Estado de derecho deja de ser un discurso político para convertirse en un requisito económico para estar en la mesa y no en el menú.

El representante comercial de la Casa Blanca, Jamieson Greer, y su fórmula diplomática, ha dejado nulo espacio para la duda; la continuidad del T-MEC dependerá de una cooperación absoluta en todas las áreas por parte del régimen de Sheinbaum y eso pasa por la esfera de la seguridad hemisférica con la entrega de la lista de los narcopolíticos morenos elaborada en Washington gracias a la sinfonía de datos de tanto delincuente entregado al gobierno estadounidense.

Y ya encarrerados de lo que significa la cooperación entre socios soberanos, la Casa Blanca ha decidido ampliar la lista de condiciones que además de seguridad, justicia y disciplina comercial, ahora exige a México mayores entregas de agua al amparo del Tratado de 1944.

La lógica de Trump parece sencilla. Una vez aceptado que la continuidad del T-MEC depende de satisfacer sus prioridades (geo)estratégicas, siempre queda espacio para una exigencia más.

La pregunta de fondo es qué ocurre si la sed de Washington no se sacia. La sed del hegemón rara vez se extingue, simplemente encuentra un nuevo cauce y Sheinbaum llega a la mesa comercial con expedientes de narcopolíticos abiertos y dudas sobre el Estado de derecho.

Su margen de maniobra es cuasi decorativo. Eso sí, la soberanía mexicana conserva toda su dignidad retórica. ¡Qué alivio!

@GomezZalce

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