Sí, será un asesino, será un narco, será un narcogobernador, pero es, a fin de cuentas, nuestro narcogobernador y no lo vamos a entregar, parece decir cada mañana, de diferente forma, la presidenta Sheinbaum desde Palacio Nacional.
El discurso de la soberanía queda rebasado a golpes de realidad por un país asfixiado de tragedias, de masacres, de ejecutados y de desaparecidos.
El reclamo nacional, antes acallado por la narrativa fantasiosa de la 4T, hoy cobra una estridencia inédita cuando Estados Unidos señala y hace globalmente notorio lo evidente: México es un país gobernado, en buena parte, por capos del crimen organizado, hoy considerados terroristas por el Tío Sam.
Y las señales no dejan de multiplicarse. En apenas las últimas semanas, la ofensiva retórica y jurídica de Washington ha sido implacable. Donald Trump declaró desde la Casa Blanca que si las autoridades mexicanas "no hacen su trabajo" contra el crimen organizado, su gobierno lo hará, incluso por vía terrestre. Pete Hegseth, secretario de Defensa, exigió ante el Congreso que México "dé un paso al frente" para combatir con mayor rigor a las organizaciones del narcotráfico y así evitar una intervención directa. El director de la DEA, Terrance Cole, fue demoledor ante el Senado estadounidense: advirtió que las acusaciones contra Rocha Moya y los funcionarios de Sinaloa "son solo el comienzo" y sentenció que "narcotraficantes y altos funcionarios mexicanos han estado coludidos por años, pero ahora les estamos poniendo atención". Y por si algo faltara, la revelación de CNN sobre operaciones de la Rama Terrestre de la CIA en suelo mexicano, desde el operativo fatal en Chihuahua que costó la vida a dos agentes hasta el presunto asesinato de un operador del Cártel de Sinaloa cerca del aeropuerto Felipe Ángeles.
El régimen no puede ser tan inocente como para no leer las señales. Ha optado por la necedad, la víscera y el berrinche, por el aplauso fácil de sus incondicionales, mientras ignora encuestas que le dicen lo contrario.
La de Grupo Reforma, levantada el 5 de mayo, revela que el 62% de los mexicanos no cree en la inocencia de Rocha Moya, que el 57% apoya su extradición a Estados Unidos y que la mitad de los encuestados confía más en el sistema de justicia estadounidense que en el mexicano —solo el 33% confía en el propio—.
La encuesta de El Financiero, del 8 al 13 de mayo, registra que el apoyo a la cooperación con Estados Unidos contra el crimen organizado saltó de 23% en enero a 39% en mayo, su nivel más alto desde que Trump regresó a la Casa Blanca.
Hay otra opción que pasa por un pacto tras bambalinas, un acuerdo de tejido fino que podrían estar impulsando perfiles del gobierno cercanos a Washington, como el propio canciller Roberto Velasco Álvarez, quien ha llegado a la Secretaría de Relaciones Exteriores en uno de los momentos más difíciles en la historia de la relación bilateral. Pero, de existir ese acuerdo, ¿qué puede poner México sobre la mesa en una negociación claramente asimétrica? La narrativa de las mañaneras muy poco le importa al gobierno norteamericano, que, para colmo, tiene la sartén por el mango y, en gran parte, razón moral y apoyo popular en sus acusaciones contra México.
La entrega del general Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa —quien cruzó por Arizona el pasado 11 de mayo para cooperar con la justicia estadounidense—, y la del exsecretario de Administración y Finanzas Enrique Díaz Vega —quien viajó desde Europa para rendirse en Nueva York—, es otra bomba de tiempo que ya resulta imposible de desactivar. El que controlaba los operativos y el que movía el dinero ya están del otro lado. La pinza se cierra.
Al final, todo será cuestión de tiempo. El régimen mexicano sabe que ha perdido la batalla en el campo de su radicalismo extremo; tendrá que recapacitar si no quiere perder la guerra y con ella, su propia existencia.
DE COLOFÓN.– El desastre en la comunicación de la presidenta ha llegado a un nivel tal que se ejerce presión directa sobre grupos de medios para intentar "controlar" a periodistas incómodos para el régimen. Empero, la explosión del rechazo a la protección de narcopolíticos por parte de Sheinbaum se vuelve humillantemente evidente en las redes sociales donde, sin importar la plataforma, el gobierno está perdiendo la batalla frente a una opinión pública que no se deja politizar con el discurso de la soberanía so pretexto de la defensa al narco.
@LuisCardenasMX
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