Un gobierno acorralado es un gobierno peligroso. Tras estallar la acusación en Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, el gobierno mexicano quedó frente a una disyuntiva inevitable: proteger a los suyos o proteger la estabilidad del país.
No es un dilema menor. Lo que está en juego rebasa la relación con Estados Unidos o la incomodidad de un proceso judicial en el extranjero que podría destapar más nombres. Está en juego la supervivencia misma del Estado. Porque el costo de tolerar o encubrir los vínculos entre poder político y crimen organizado siempre será más alto que cualquier proceso de depuración.
Si hoy el gobierno opta por encubrir a los suyos, el mensaje sería devastador porque ya no estaríamos ante un gobierno que se retrae frente al crimen, sino ante uno que actúa como su extensión. Y los indicios se acumulan. Los niveles de violencia que atraviesa el país no se explican sin la complicidad de ciertos actores del propio Estado. Es una crisis de gobernabilidad que ha fragmentado el territorio y ha dejado a comunidades enteras asfixiadas. Los altos índices de homicidios, desapariciones y desplazamientos dejaron de ser anomalías hace tiempo; hoy son la normalidad.
Ahí empieza a tomar forma una idea preocupante: la consolidación de un Estado criminal en ciertas regiones. No uno derrotado por el crimen, sino uno que se contamina con él. Donde la frontera entre autoridad y delito se desdibuja, y el poder público deja de ser contrapeso para convertirse en cómplice o facilitador.
El caso Rocha empuja a México peligrosamente hacia esa discusión. Las acusaciones en Estados Unidos no describen una desviación individual, sino un posible patrón. El de la operación política apoyada por estructuras criminales a cambio de protección. Si eso se acredita, el problema deja de ser judicial. Se convierte en existencial.
La reacción del gobierno revela el tamaño de la presión. Cerrar filas. Invocar soberanía. Desacreditar. Apostar a que el discurso contenga el impacto. Pero hay una señal inequívoca de acorralamiento: mientras la realidad se vuelve ingobernable, el discurso se vuelve más delirante. Soberanía, en ese contexto, empieza a sonar igual que otras palabras que han sido repetidas hasta el cansancio. Transformación. Bienestar. Pueblo. Conceptos que alguna vez apuntaron a una dirección, pero que hoy funcionan como envoltura. Se repiten, aunque ya no alcanzan.
La contradicción es aún más profunda en el terreno jurídico. Se exige presunción de inocencia para los propios frente a acusaciones externas, pero en casa se ha ampliado la prisión preventiva oficiosa, una figura responsable de que hoy más de cien mil personas estén tras las rejas sin sentencia. A pesar de que la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos ya determinó que esa práctica vulnera derechos fundamentales, el doble rasero es evidente. Para unos, garantías; para otros, castigo anticipado.
Pero la realidad no se detiene. En un país con amplias zonas bajo influencia criminal, violencia desbordada, instituciones debilitadas y contrapesos erosionados, el señalamiento que llega desde la Corte del Distrito Sur de Nueva York irrumpe como golpe fulminante.
Y es ahí donde el discurso ya no alcanza y la realidad no perdona, donde un gobierno acorralado revela su verdadero rostro: aferrarse a cualquier costo, incluso si eso implica incendiar el país y gobernar sobre sus cenizas.
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