El pasado mes de marzo, una mayoría calificada en la Cámara de Diputados eligió a Aureliano Hernández Palacios como titular de la Auditoría Superior de la Federación por los siguientes ocho años. Desde su llegada a la cabeza de la institución, el nuevo auditor ha realizado una serie de cambios que a primera vista parecen positivos. Con una hiperactividad que contrasta con su antecesor, el auditor presentó ante la Comisión de Vigilancia un plan de trabajo para los primeros cien días en el encargo, reunió a los 32 auditores de las entidades federativas para reactivar el Sistema Nacional de Fiscalización, reorganizó administrativamente a la ASF, creó direcciones y áreas, eliminó unidades, modificó salarios y promovió una reforma a tres ordenamientos normativos que fue publicada la semana pasada.
En el papel, estos cambios representan un viraje en la dinámica de la revisión del uso y destino del gasto público: de una instancia con poca interlocución con la ciudadanía y con énfasis en la prevención, se pasa a un modelo con mayor apertura, mejor coordinación con otras instituciones revisoras, mayor eficiencia en la gestión y sobre todo, mayor relevancia.
Uno de los cambios principales consiste en imponer multas a servidores públicos o particulares que sean omisos en los requerimientos de información o que incumplan total o parcialmente con la obligación de brindar los datos necesarios para revisar el uso de recursos públicos. Estas multas pueden ir de los 17 mil a los 235 mil pesos. Hasta el momento, no se conocen los parámetros para imponerlas. Lo que sí se conoce es que la ASF podrá investigar de oficio o derivado de una denuncia, presuntas faltas administrativas independientemente del proceso de fiscalización. Para ello, hay varios cambios que promueven la denuncia ciudadana.
Cerca del 25% de las auditorías del mundo cuentan con facultades jurisdiccionales, esto es, con la capacidad de imponer multas, exigir el resarcimiento del daño o sancionar directamente a los funcionarios sin necesidad de acudir a tribunales. Sin embargo, para que este modelo funcione, las instituciones deben de cumplir con estándares internacionales contemplados en las normas profesionales de auditoría. Al respecto existen doce principios que incluyen: la legalidad y alcance de las medidas, la libertad de acceso a la información, la seguridad jurídica, la posibilidad de objeción y apelación por parte de los sancionados, la imparcialidad, la calidad de los procesos, la emisión de las determinaciones en un plazo razonable y la publicidad de las resoluciones. Los cambios anunciados parecen apuntar a una fiscalización más rigurosa. Sin embargo, solo se sabrá de sus efectos si la revisión del gasto público se traduce en mejorar la vida de los ciudadanos.
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