La reforma constitucional en materia judicial que el oficialismo aprobó en 2024 gracias a una mayoría espuria (conseguida en la Cámara de Diputados gracias a una interpretación inconstitucional del INE y del TEPJF y en el Senado mediante prácticas corruptas y gangsteriles), no sólo fue un acto de demolición de la división y equilibrio de los poderes al propiciar, mediante la elección de sus miembros, la politización del Poder Judicial, sino que, además, fue una reforma muy mal hecha en sus contenidos y sus formas (uno de los sellos distintivos del morenismo).
Las prisas (era el regalo de despedida de AMLO, dijo sin empacho Ricardo Monreal), la soberbia (fuerte de su nueva —e ilegal, insisto— mayoría calificada), la falta de pericia y de conocimiento técnico (es difícil encontrar juristas de calidad y de peso al interior del oficialismo) y la arbitrariedad que ha distinguido al morenismo en el poder, provocaron que en su embestida contra el Poder Judicial, desoyeran todas las prevenciones que sobre su iniciativa les hizo buena parte de la comunidad jurídica, la academia (nacional e internacional) y múltiples organismos.
No les importaron los señalamientos que hicieron algunos de los juristas más progresistas y prestigiados del mundo (como Luigi Ferrajoli o Roberto Gargarella); las preocupaciones que reiteradamente hizo la Relatora Especial para la Independencia de Jueces y Abogados de la ONU (Margaret Satterthwaite); o la opinión en contra de los más reconocidos constitucionalistas mexicanos (como Diego Valadés o Elisur Arteaga), entre muchos otros. Nada ni nadie fueron tomados en cuenta y todas las advertencias fueron desoídas.
Al final, los resultados de esa absurda y obcecada decisión están a la vista: La politización completa del Poder Judicial, la precarización generalizada de la justicia (empezando por las penosas exhibiciones de estulticia en las que se han convertido las sesiones de la Suprema Corte) y las peores elecciones de la historia en términos de integridad democrática por su falta de certeza, transparencia y libertad del sufragio, son solo algunas de las consecuencias que trajo consigo la reforma.
La gravedad de los resultados ha provocado que, a menos de dos años, el gobierno y su partido se están viendo obligados a tener que meterle mano a los cambios que hicieron. Así, hace unas semanas un grupo de seis legisladores morenistas presentó un proyecto de modificaciones constitucionales y apenas el martes pasado la misma Presidencia envió una iniciativa para ajustar la reforma (por cierto, es menos malo el planteamiento de los legisladores). Ambas propuestas inevitablemente implican un reconocimiento implícito de que la reforma de 2024 fue el resultado de un trabajo improvisado, mal hecho y peor pensado.
Muchas de las cosas que hoy se pretenden cambiar, empezando por el empalme originalmente previsto con las elecciones intermedias de 2027 o el restablecimiento de dos “Secciones” (en realidad son Salas) de la SCJN, les fueron advertidas en su momento por varios de quienes criticamos la reforma hace dos años. Hoy se ven obligados a corregir.
Sin duda es una buena cosa que la elección judicial no se lleve a cabo con los comicios del próximo año pues, al menos, así se salvaguarda la integridad técnica y operativa de estas últimas. También es positivo que se pretenda que los aspirantes tengan que ser evaluados antes de ser postulados, o que se establezca que el escrutinio y cómputo de los votos se realice en las casillas y no, como pasó, días después en las sedes distritales del INE.
Pero a pesar de esos cambios, que son sólo para salir al paso, no debemos dejar de insistir que la elección de jueces es algo que tarde o temprano tendremos que revertir para reinstaurar las bases de nuestra democracia constitucional.
PS: También se propone extenderle el mandato a los magistrados del TEPJF otra vez… ¿Así o más claro el enésimo premio a su sometimiento y servilismo?
Investigador del IIJ-UNAM. @lorenzocordovav
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