La crisis de las desapariciones en México no se puede negar. La vivimos, vemos, escuchamos y sentimos todos los días. A pesar de ello, sigue la negación, el intento de minimizar el problema o de repartir culpas pasadas.
Desde 2024, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos habló de la necesidad urgente de que los Estados rechacen el negacionismo. Esta práctica, dijo, “obstruye los esfuerzos por brindar justicia, verdad, memoria y reparación a las víctimas”. “Se obstaculiza el reconocimiento de las violaciones a los derechos humanos y se perpetúa la impunidad”.
Además de la confrontación sobre las cifras, que aún con la estimación más baja son brutalmente escandalosas, el diferendo es ahora si todo es responsabilidad del Estado o sólo las desapariciones en que hayan intervenido agentes estatales.
Tanto el Comité de Desapariciones de Naciones Unidas (CED) como la CIDH han insistido en que las desapariciones imputables al crimen organizado pudieran estarse dando con la aquiescencia del Estado. El CED ha señalado que ésta opera cuando “existe un cuadro persistente conocido de desaparición de personas y el Estado no ha adoptado las medidas necesarias para impedir nuevos casos de desaparición e investigar a los autores y llevarlos ante la justicia” y que “corresponde al Estado la carga de probar que no hubo aquiescencia y que ha tomado medidas y acciones concretas para prevenir, investigar y castigar el delito y que tales medidas han sido efectivas en la práctica”.
Para el Sistema Interamericano, la aquiescencia “comporta un consentimiento del Estado al accionar del particular, sea por la inacción deliberada o por su propio accionar, al haber generado las condiciones que permitieron que el hecho haya sido ejecutado por los particulares”. El Estado mexicano ha sostenido que “carece de sustento jurídico afirmar que la inacción estatal genera automáticamente una situación de aquiescencia, ya que ésta implica un conocimiento y aceptación consciente de los hechos; mientras que el deber de prevención se refiere a la falta de diligencia razonable para evitarlos”.
En 2009, en un informe sobre seguridad ciudadana y derechos humanos, la CIDH destacó que “en varios países de la región, la corrupción y la impunidad permiten a organizaciones criminales desarrollar y establecer verdaderas estructuras de poder paralelas”. En el informe reciente dice que “estas estructuras no sólo actúan de modo paralelo, sino que penetran al Estado de modo tal que se difumina la responsabilidad entre agentes estatales y terceros particulares pertenecientes a organizaciones criminales”.
La Comisión citó la Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2018-2024 vigente en nuestro país donde se señala que “la delincuencia organizada no puede existir sin un grado de involucramiento de funcionarios públicos que le ofrezcan un margen de protección e impunidad”. Por ello, la Comisión señala que, entre otros aspectos, superar esta crisis requiere “la identificación y el desmantelamiento de redes de connivencia con el crimen organizado en las diferentes partes del país”.
Ante este panorama, la CIDH ofrece asistencia técnica; el CED llevar el asunto a órganos supranacionales porque el diagnóstico es que estamos rebasados. Afrontar la crisis implica asumirla en toda su magnitud y sin ambages. Negarla o minimizarla no es un buen punto de partida para reedificar a México.
Catedrática de la UNAM @leticia_bonifaz