El Estado, intérprete de la verdad

Más vale el abuso de la libertad de opinar que el más leve ejercicio de una restricción”. La sentencia de Jacobo Zabludovsky trasciende la brillantez de una frase afortunada, es el testimonio de un periodista que conoció un México donde la libertad de expresión no era un derecho plenamente garantizado, sino un espacio acotado por los límites que el poder decidía imponer.

Por eso conviene escucharla hoy, cuando vuelve a insinuarse la idea de que alguien debe establecer dónde termina la información y comienza la opinión. La intención declarada podría ser proteger el derecho de las audiencias o elevar la calidad del debate público. El riesgo, sin embargo, es mucho mayor: es que el Estado deje de ser garante de una libertad para convertirse, poco a poco, en intérprete de la verdad. La historia demuestra que la censura nunca llega anunciándose como censura, siempre adopta un lenguaje más amable, se presenta como responsabilidad, orden, equilibrio, protección o interés público. Ningún gobierno admite que pretende controlar la conversación nacional; afirma, por el contrario, que solo busca mejorarla. Así empiezan casi todas las restricciones a la palabra.

La libertad de expresión no fue concebida para proteger las opiniones sensatas ni las que gozan de consenso —ésas sobreviven por sí mismas—; existe para resguardar las incómodas, las impopulares, las excesivas e incluso las equivocadas. Porque una democracia madura entiende que una mala opinión se combate con otra mejor; un dato falso, con uno verdadero; un argumento deficiente, con otro más sólido, nunca con la intervención del poder.

México no conquistó esa libertad como una concesión presidencial, la ganó después de décadas de presiones, silencios impuestos, publicidad oficial utilizada como premio o castigo, concesiones condicionadas y llamadas telefónicas que decidían qué podía publicarse y qué debía desaparecer. Cada espacio de autonomía que hoy parece natural costó años de resistencia y de apertura democrática. Precisamente por esa historia resulta inquietante que una autoridad pueda adquirir facultades para intervenir, aunque sea indirectamente, en la delicada frontera entre información y opinión; esa línea nunca ha sido matemática. El contexto de una noticia, el orden de los hechos, la selección de una cita, un encabezado o una fotografía reflejan inevitablemente un criterio editorial. Pretender que existe una separación entre informar y opinar equivale a desconocer la esencia misma del periodismo. Pero hay un riesgo todavía más profundo que una eventual sanción, se llama autocensura: es el instante en que un periodista deja de preguntarse qué debe publicar para empezar a preguntarse qué le conviene omitir. Ninguna democracia pierde su libertad de expresión el día que clausura un periódico, empieza a perderla cuando consigue que los periodistas se callen por precaución.

Las libertades casi nunca desaparecen de golpe, se erosionan lentamente. Primero se regula el lenguaje en nombre del orden, después se clasifica la palabra en nombre de la verdad; finalmente se normaliza que el poder decida qué merece credibilidad. Por eso la advertencia de Jacobo Zabludovsky conserva su fuerza, porque el remedio nunca puede ser otorgarle al poder la facultad de administrar la palabra. La censura comienza el día en que el Estado deja de ser garante de la libertad para convertirse en intérprete de la verdad.

Analista político

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