“Ya supérame”, dijo Claudia Sheinbaum desde la mañanera, mientras ponía una canción para burlarse de El Universal por la publicación de una entrevista atribuida a Carlos Monsiváis sobre López Obrador. La burla tenía destinatario y propósito. Desde Palacio querían decretar que ya no se hablara del expresidente, que no se revisara su gobierno, que no se tocara su nombre y que se cerrara de una vez por todas el expediente de su sexenio. Como si la realidad obedeciera las órdenes de la mañanera. Como si los escándalos de corrupción, incompetencia, impunidad, militarización y nexos criminales que se gestaron durante su gobierno no siguieran explotando todos los días en la vida pública nacional.
El problema para la presidenta y los suyos no es que se hable demasiado de López Obrador. El problema es que cada vez que se abre una carpeta, se publica un testimonio, aparece un expediente, cae un funcionario o se revela una nueva trama de corrupción, la ruta vuelve a pasar por su gobierno. Quieren que México lo “supere”, pero su herencia sigue gobernando, encubriendo, operando y pudriendo instituciones. No hay manera seria de entender el presente sin revisar el sexenio que lo dejó sembrado de bombas.
Sheinbaum pudo limitarse a desmentir, aclarar, contrastar datos o debatir la autenticidad de la publicación. Eligió otra cosa. Usó el aparato de comunicación del Estado para agredir a un medio, exhibirlo desde la tribuna presidencial y convertir una controversia periodística en escarmiento público. La escena habría sido menor si no viniera de la presidenta de la República, pero desde Palacio Nacional una burla no es solo una burla. Es una advertencia al resto de los medios.
Cuando el poder convierte una publicación en linchamiento, el destinatario ya no es únicamente el medio señalado. También lo son los periodistas que investigan, los columnistas que incomodan, los editores que publican, los ciudadanos que opinan y cualquiera que se atreva a tocar la historia oficial de Morena. El gobierno no discute, alecciona. No responde, castiga. No debate, exhibe. Esa es la cultura política que están normalizando.
Por eso resulta tan preocupante que, casi al mismo tiempo, Sheinbaum haya anunciado que, terminando el Mundial, abrirá el debate sobre la regulación de la inteligencia artificial, los algoritmos, las plataformas digitales y las redes sociales. Discutir reglas para nuevas tecnologías puede ser necesario, porque hay riesgos reales en materia de manipulación, fraude, suplantación de identidad, uso indebido de datos, violencia digital y protección de menores. El problema no es hablar de tecnología, sino poner esa conversación en manos de un poder que ha demostrado una pulsión constante por controlar la crítica.
En manos de este régimen, la palabra regulación ya no suena a protección de derechos. Suena a mordaza. Suena a funcionario decidiendo qué información es válida y cuál debe castigarse. Suena a fiscalía persiguiendo periodistas, a tribunal sancionando opiniones, a autoridad electoral ordenando disculpas públicas y a gobierno intentando meter la mano en el único espacio donde todavía no ha podido imponer por completo su versión de la realidad.
No hay que imaginar escenarios futuros. Los ensayos ya están ocurriendo. En San Luis Potosí, con la llamada Ley Serrano, el pretexto del mal uso de la inteligencia artificial sirvió para abrir procesos contra periodistas críticos. La supuesta defensa frente a nuevas tecnologías terminó convertida en herramienta de intimidación política. En Puebla, Morena impulsó una ley para castigar ofensas en redes sociales, con conceptos tan amplios que prácticamente cualquier crítica podía caber ahí. En Campeche, Layda Sansores ha utilizado el Poder Judicial para perseguir medios incómodos y empujar medidas de censura previa.
En Tamaulipas también se ha intentado silenciar columnas y publicaciones que exhiben vínculos criminales de autoridades locales. El caso Dato Protegido mostró el nivel de absurdo al que puede llegar el poder cuando usa instituciones para humillar a ciudadanos por opinar. En Acapulco, con Abelina López, se siguió una ruta parecida. Un periodista fue obligado a disculparse durante 15 días con la alcaldesa morenista, después de una denuncia por violencia política de género. En Veracruz, bajo el gobierno de Rocío Nahle, la detención del periodista Rafael “Lafita” León, acusado de terrorismo, volvió a encender las alarmas.
Vistos por separado, intentan vender estos casos como pleitos locales, excesos aislados, resoluciones judiciales o denuncias particulares. Vistos juntos, todos esos casos de censura a nivel local, más los distintos intentos del gobierno federal por regular la conversación digital, forman un patrón. No son episodios dispersos. Son piezas de una misma ruta hacia un ecosistema de censura.
El obradorismo ya controla los tribunales, los órganos autónomos, el Congreso, las fiscalías, los sindicatos, los programas sociales y ahora también pretende regir la conversación pública. Le incomoda que existan periodistas que investiguen, ciudadanos que cuestionen, medios que publiquen, caricaturistas que dibujen y usuarios que viralicen críticas sin pedir permiso al gobierno. Le irrita cualquier espacio que no pueda disciplinar.
La censura moderna rara vez llega anunciándose como censura. Llega vestida de lenguaje técnico, de regulación digital, de combate a la desinformación, de uso responsable de la inteligencia artificial, de protección contra discursos de odio o de defensa de derechos. Algunas causas pueden ser legítimas, pero en manos de un poder intolerante se convierten en coartadas perfectas para restringir libertades. Poner a este gobierno a regular la conversación pública sería como poner al pirómano a redactar el reglamento de protección civil.
El régimen no quiere un internet más seguro. Quiere un internet más obediente. No quiere proteger a la ciudadanía de la manipulación. Quiere protegerse a sí mismo de la crítica. Si algo ha demostrado este gobierno es que no le molesta mentir, le molesta que otros lo desmientan.
“Ya supérame”, le dice Sheinbaum a quienes hablan de López Obrador. Pero México no puede superar una herencia que sigue apareciendo en expedientes, escándalos, abusos y tentaciones autoritarias. Lo que urge superar no es la memoria crítica sobre el expresidente, ni la prensa libre, ni la conversación pública en redes. Lo que urge superar es a un grupo político enquistado en el poder, que cada día tolera menos la libertad y sueña más con callar todo aquello que no puede controlar.