La interpretación del concepto de soberanía ha evolucionado de distintas maneras. Para algunos no debería ser obstáculo para prevenir genocidios, crímenes de guerra, limpieza étnica y crímenes de lesa humanidad o proteger derechos humanos y promover la democracia. Para otros, en particular gobiernos autoritarios, se volvió un parapeto ante el escrutinio externo y el alud de nuevas obligaciones derivadas de la proliferación de instrumentos internacionales que “ceden” soberanía nacional a un ente supranacional. Como resultado, para esos regímenes la inclusión de la trillada frase “con pleno respeto a la soberanía de las partes” en cada declaración, acuerdo o tratado se ha convertido en una cuestión crucial, casi existencial, independientemente del contenido o alcance del instrumento. Y así, de tanto repetirse, se ha vuelto un mantra sin consecuencias porque implica todo y nada al mismo tiempo.
Como si se tratara de Cuba, la obsesión con la demagogia soberanista regresó con fuerza durante el gobierno de López Obrador y se ha profundizado bajo Claudia Sheinbaum con nostalgia tercermundista. En sintonía con la Isla, se refiere específicamente a acciones de EU en territorio mexicano porque no parecen importar actos rusos o cubanos de intromisión en asuntos internos. Como no podía ser de otra manera en la 4T, se trata de una postura más declarativa que efectiva, evidencia de gran vulnerabilidad. La acepción morenista del concepto es por lo menos peculiar: el respeto a la soberanía depende de la autorización del gobierno al acto de la potencia extranjera y no del acto en sí mismo, independientemente de sus implicaciones y de si la concesión que hace México es resultado de presiones, chantajes o amenazas. Así, por ejemplo, un operativo de agentes armados de la CIA en territorio nacional no constituiría una violación a la soberanía si “es coordinado con el gobierno”. Esta interpretación del concepto permitiría a la Presidenta “aclarar” que contaba con autorización de su gobierno —aunque no la hubiera— y repetir por enésima vez que la relación con EU es de “colaboración y coordinación”. Pero, en caso de convenir políticamente, también permite acusar a una gobernadora de oposición de violar la inaplicable Ley de Seguridad Nacional.
Pese a la acumulación de concesiones a Trump, la Presidenta aseguraba que la soberanía de México estaba intacta porque “no se negocia”. La solicitud de extradición contra el gobernador de Sinaloa, un senador y otros políticos de Morena arrincona esa retórica: ceder —de nuevo— ante EU o ceder —de nuevo— ante los duros de su movimiento y el crimen organizado. De inmediato, gobernador y senador señalaron que se trataba de un ataque contra la 4T y López Obrador. Aparentemente la amenaza funcionó. Quizás tratando de abrevar de su antiguo prestigio, la primera dependencia en reaccionar fue la SRE, que afirmó que no había pruebas, insinuando que la solicitud no cumplía con los requisitos del Tratado de Extradición pese a que las pruebas corresponden a otra etapa procesal. Después escaló. La Presidenta acusó de injerencismo y ha repetido desafiante, hasta el cansancio, que no hay pruebas suficientes para proceder como si el pliego acusatorio no fuera demoledor. Hasta ahora, la narcopolítica ha sido la única línea roja del gobierno frente a Trump. Acaso, ¿es ahí donde se juega la soberanía nacional?
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