La decisión de la agencia Standard and Poor’s (S&P) la semana pasada de modificar de estable a negativa la perspectiva para la calificación de la deuda soberana de México y, además, las de Pemex, CFE y otras entidades públicas y privadas, debe ser motivo de profunda reflexión para nuestras autoridades por una combinación de motivos.
Para empezar, el mensaje que está enviando la calificadora, pero esta vez con una acción concreta, es que la economía mexicana enfrenta un panorama muy preocupante. En específico, S&P fundamentó su decisión, por una parte, en los riesgos para las finanzas públicas de nuestro país propiciados por el bajo crecimiento económico y la necesidad de continuar brindando apoyo a Pemex y la CFE y, por la otra, en la posibilidad de que nuestros vínculos comerciales y de otra naturaleza con Estados Unidos se deterioren en los próximos meses.
S&P señala que las políticas de la actual administración representan una mejora frente a las implementadas el sexenio anterior. Desafortunadamente, no obstante los muy publicitados esfuerzos recientes, expresa dudas sobre la capacidad de nuestras autoridades para fomentar la inversión privada. Así, su expectativa de crecimiento anual en el mediano plazo es de 2%, lo que incluso parece optimista.
Además, S&P enfatiza el fracaso persistente de las autoridades en la superación de problemas muy arraigados en nuestra economía, que han resultado en un bajo crecimiento de la productividad, infraestructura física deficiente, una economía informal demasiado grande, bajo acceso al crédito y frágiles condiciones de seguridad.
Es preocupante también que la decisión de S&P no haya sorprendido a nadie. Esto no solamente implica que se veía venir desde hace tiempo sin que se haya hecho lo requerido para evitarla, sino que confirma que el diagnóstico pesimista fuera del ámbito gubernamental sobre la situación económica de México es generalizado. También pone de manifiesto la desconexión entre la narrativa oficial y la visión de analistas e inversionistas privados, lo que subraya un serio problema de credibilidad. ¿No debería ser todo esto un claro llamado de atención para nuestras autoridades?
Se ha argumentado que S&P ratificó la calificación de México en un nivel dos peldaños por encima del grado de inversión. De esta forma, aun si la perspectiva negativa se tradujera en el curso de los próximos dos años en una degradación de nuestra deuda soberana, todavía estaría por encima de dicho umbral.
El problema es que Fitch ya ubica a la deuda mexicana en el límite inferior del grado de inversión y que Moody´s, que cambió la perspectiva a negativa en noviembre de 2024, tomará una decisión al respecto en el primer semestre de este año. Si, como sería razonable esperar, la decisión de S&P es un indicador adelantado de la de Moody’s, es probable que esta última agencia degrade la calificación de la deuda soberana de nuestro país. Con dos de las principales agencias en el límite inferior, el riesgo de perder el grado de inversión se vería peligrosamente cercano.
Esto tendría implicaciones en la práctica. El grado de inversión reduce el costo del financiamiento externo del gobierno; amplía la base de inversionistas potenciales, ya que numerosos vehículos institucionales tienen vedado mantener instrumentos calificados como especulativos; permite la inclusión de la deuda soberana en los principales índices globales de renta fija, lo que canaliza flujos pasivos hacia el mercado local; y abarata el acceso del sector privado al financiamiento externo. La pérdida del grado de inversión opera en sentido contrario, pero con mayor velocidad y profundidad: desencadena ventas forzadas, una ampliación abrupta de los márgenes y un encarecimiento generalizado del crédito que puede tardar años en revertirse.
Ante esta situación, nuestras autoridades tienen dos opciones. Aceptar la realidad y poner en marcha un conjunto simultáneo de acciones enfocadas en dar fin al actual círculo vicioso entre finanzas públicas y crecimiento, incluyendo una mejora sustancial de la composición del gasto público, el saneamiento de Pemex y la CFE, la creación de bases firmes para la expansión de la inversión privada, el aumento de la productividad de la economía y el establecimiento de un verdadero estado de derecho, entre otras. O bien, como se ha hecho hasta ahora, argumentar que es S&P quien se equivocó, y esperar a que se materialice lo que parece inevitable sin un cambio drástico de rumbo: la pérdida del grado de inversión.
También es importante tener presente que aun si el gobierno eligiera la mejor de estas opciones, los desequilibrios son de tal magnitud que seguramente veríamos durante un periodo relativamente prolongado un crecimiento mediocre y un espacio fiscal restringido. La elección, por tanto, no es entre un camino doloroso y uno indoloro, sino entre un costo administrable hoy con una fuerte recompensa más adelante, y uno mucho mayor, más prolongado y más regresivo si se deja que el deterioro siga su curso.
De optarse por esta última vía, los principales afectados serían los hogares que el discurso oficial dice priorizar. Reconocerlo a tiempo y actuar en consecuencia, es la diferencia entre solucionar el problema o endosárselo a quienes menos pueden absorberlo.
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