Y mientras el país se encuentra enfrascado en el escándalo de los nexos del exgobernador Rubén Rocha Moya con el Cártel de Sinaloa, en Guerrero diez costales con restos humanos y manchas de sangre fueron localizados ayer en el tramo carretero de Copalillo-Olinalá, en las cercanías de la comunidad de Papalutla.
La mitad de esos costales fueron tirados sobre la cinta asfáltica; el resto, a un costado de la carretera.
Al mismo tiempo, los cadáveres de cuatro hombres fueron abandonados ayer a las cuatro de la mañana en la carretera federal Chilapa-Tlapa, en una zona de curvas. Los cuerpos obstruían el paso de los autos al momento en el que el hallazgo fue reportado.
Todo esto ocurre en medio de los ataques que el grupo criminal conocido como Los Ardillos, que dirige Celso Ortega Jiménez, han lanzado desde el miércoles pasado por medio de drones cargados con explosivos sobre las comunidades de Tula, Xicotlán y Ahuehuetlán, en donde cientos de familias se han tenido que desplazar, huyendo de la violencia.
El Consejo Indígena y Popular del Estado de Guerrero, CIPOG, acababa de reportar la desaparición de cuatro de sus integrantes en la comunidad de Xicotlán. Se teme que los cuerpos hallados en el tramo Chilapa-Tlapa sean los de estas personas.
En los últimos días Los Ardillos han desatado el terror en los pueblos ligados al Consejo Indígena. Más de mil personas han sido desplazadas de sus comunidades tras los ataques con drones. Según Jesús Plácido Galindo, líder de la CIPOG, la violencia duró tres días completos y en el último de estos Los Ardillos quemaron casas y “mataron animales, chivos, borregos, gallinas”.
Ninguna autoridad intervino.
En videos que han estado circulando desde el sábado, mujeres y niños de esas comunidades acusaron que el gobierno los está dejando morir, pues ni el Ejército ni la Guardia Nacional intervienen para protegerlos.
En ese clima, mientras se comparten imágenes de tiroteos y explosiones, en pleno Día de las Madres se captaron imágenes de mujeres que huían a las 2:40 de la madrugada “y que en su día no van a tener nada que festejar”.
Un grupo de mujeres de Tula, arrodilladas ante una cámara, llegaron al punto de pedir auxilio a Donald Trump, “porque la presidenta Claudia Sheinbaum no nos hace caso”.
“Los niños están sufriendo, no comemos… queremos que este video llegue a Estados Unidos, por favor”, dice una de ellas.
La misma mujer le pide a Donald Trump “helicópteros para que nos saquen… porque aquí no nos hacen caso… Claudia Sheinbaum ya nos dejó solos”.
En los poblados del Centro y la Montaña Baja, Celso Ortega y Los Ardillos controlan a las autoridades, cobran piso, extorsionan al transporte público, imponen los precios de los artículos de primera necesidad, así como de otros productos.
Ortega ha llenado el paisaje guerrerense de cuerpos mutilados. Hace unos años le dejó cinco cabezas a la entonces alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández, para obligarla a sostener con él una reunión. Más tarde asesinó y mutiló vivo al sucesor de Hernández, Alejandro Arcos Catalán, cuya cabeza dejó expuesta en el cofre de una camioneta a plena luz del día.
En 2024 secuestró a 17 pobladores de Chilapa (dos mujeres, cinco hombres adultos y cuatro menores de edad) y dejó sus cadáveres amontonados dentro de una camioneta.
Un año antes movilizó a dos mil personas para que tomaran el Congreso del Estado y exigieran la liberación de un líder del transporte.
Según su narcocorrido, Ortega Jiménez, conocido como La Vela, “es como el diablo que se enciende en un instante y es capaz de prender el infierno con unas velas”.
Desde hace 20 años ha desatado ese infierno en Guerrero desde los municipios donde él es la única autoridad —Chilapa, Mochitlán y Quechultenango—, y a pesar de sus atrocidades, su poder sigue intacto.
Las autoridades, al menos las de Guerrero, ya no pueden detenerlo. Están asociadas con él en un entramado político-criminal —como el que se dio en Sinaloa.
Y el gobierno federal dice que ahorita no lo molesten. Es que tiene la casa en llamas.
