Un día después de que, en un hecho inédito, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusara a una decena de altos funcionarios del gobierno de Sinaloa, incluido al gobernador, Rubén Rocha Moya, de estar vinculados con la facción del Cártel de Sinaloa que dirigen Los Chapitos, un comando asesinó a las puertas de su casa al secretario general electo del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Culiacán, STASAC, Homar Salas Gastélum.
El líder sindical fue acribillado en el fraccionamiento Las Brisas, al lado de su escolta. Apenas en febrero pasado su casa había sido rafagueada, a manera de aviso.
La acusación en contra de Rocha Moya no solo no ha detenido la dinámica criminal que sacude Sinaloa: por el contrario, esta se ha acelerado en los últimos días. No parece detener, tampoco, el interés de las facciones, Los Chapos y la Mayiza, que desde hace meses intentan controlar uno de los sindicatos más importantes del estado: nada menos que el que opera en la sede del poder local.
Al acercarse la renovación de la dirigencia del STASAC, dos de los candidatos fueron obligados a renunciar “por motivos personales”, horas después de que anunciaran su interés por tomar parte en la contienda. Uno de estos ni siquiera se presentó a registrar su planilla.
Información de inteligencia reveló que Los Chapos operaban para imponer gente suya en la dirigencia. Al mismo tiempo, el exlíder de la STASAC, exalcalde de Culiacán y dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, Sergio Torres Félix, intentó promover una candidatura afín a sus intereses.
Torres Félix fue atacado a finales de enero pasado, en un atentado a tiros del que milagrosamente salvó la vida, aunque dejó gravemente heridos, junto a otra víctima del ataque, a una legisladora de Movimiento Ciudadano que aquel día lo acompañaba.
El reciente asesinato de Homar Salas, apagado por el terremoto político que desataron las revelaciones del Departamento de Justicia, demuestra que la pugna sigue viva, que los cárteles no se han replegado, y que la situación de violencia en que el estado lleva casi dos años sumergido se mantiene al margen de la caída en desgracia del gobernador.
Según la acusación de Estados Unidos, el Cártel de Sinaloa allanó a Rocha Moya el camino al poder y, a cambio, el grupo criminal recibió protección desde la secretaría general de gobierno, la secretaría de finanzas, la secretaría de seguridad pública, la fiscalía de justicia y el Ayuntamiento de Culiacán.
Expertos consultados dudan de que los cambios en la gubernatura y en la alcaldía de Culiacán, cuyo titular también salió del cargo, tengan de momento algún impacto en los acuerdos establecidos con el crimen, puesto que ambos funcionarios fueron remplazados por figuras extraídas de sus propios círculos políticos.
El estado ha vivido, sin embargo, días de violencia desatada. Solo el 30 de abril se registraron 10 homicidios dolosos, el 20% de todos los que ocurrieron en el país, y algunos de estos fueron perpetrados por comandos.
En los próximos días se verá si la caída de Rocha Moya llega acompañada de la activación de otros grupos criminales que verían la puerta abierta para intentar controlar plazas que quedarían debilitadas, y ese movimiento se refleja en un aumento en la violencia.
Aunque según la información de Estados Unidos la entrega al crimen de los principales cargos políticos del estado convirtió a Sinaloa en un narcoestado, y a Rocha Moya en un narcogobernador, el exmandatario caído en desgracia ha sido arropado por diversas voces de su partido, que han llamado a la unidad para hacer frente a las presiones externas, y que han pedido el cierre de filas, esgrimiendo como razones “la falta de pruebas” y el rechazo al injerencismo.
En el Congreso Nacional de Morena la indicación, sin embargo, fue la mesura: la línea fue que no se hiciera una defensa expresa del gobernador. El intento de la delegación de Sinaloa por hacer esto, no fue secundado.
Mientras se resuelve qué hacer con los funcionarios señalados (la versión anoche era que estos iban a ser abandonados a su suerte), las horas corren. En la cúpula de la 4T se vive un clima de miedo y de nerviosismo. Muchos saben que pueden ser los próximos mencionados.
Fuentes de Palacio Nacional sostienen que en el escritorio de Claudia Sheinbaum están ya los nombres que la embajada de Estados Unidos le ha entregado, y que es cuestión de días para que el siguiente misil estalle.
A Sheinbaum, su propio círculo le ha advertido el riesgo de que los funcionarios de Sinaloa acusados por el Departamento de Justicia vayan a tocar la puerta de Estados Unidos en busca de un criterio de oportunidad que les permita convertirse en testigos protegidos, lo que sería una bomba nuclear no solo para Rocha Moya, convertido ya en cadáver político, y quien tarde o temprano, de una manera u otra, tendrá que enfrentar la justicia de aquel país, sino para la 4T entera: el esquema revelado en el caso Sinaloa se replicó en al menos seis estados, en donde el crimen organizado operó electoralmente a favor de Morena.
La advertencia fue llevada a Palenque, según las fuentes de Palacio, en donde se había pedido defender a Rocha Moya a toda costa.
En un estado crítico de vulnerabilidad frente a Donald Trump, el gobierno de Claudia Sheinbaum dispone de horas para resolver el crucigrama: o acepta la acusación contra Sinaloa, limpia las instituciones y desarticula la colusión con el crimen en lo que se llega a un acuerdo con Estados Unidos, o sigue alegando la “falta de pruebas”, y hablando de soberanía, en un intento por detener un derrumbe que, de cualquier modo, ya ha comenzado.