El Departamento de Tesoro de Estados Unidos prohibió ciertas transferencias de fondos en contra de 3 instituciones bancarias mexicanas -CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa- tras acusarlas de lavar dinero para la delincuencia organizada mexicana.
La declaración es grave y representa un duro golpe para el sistema bancario mexicano. Aún cuando en el pasado otras instituciones habían sido señalados por actos similares, en el contexto de la actual política estadounidense de combate al fentanilo -que incluye el haber adscrito a algunos grupos delictivos mexicanos en la lista de organizaciones terroristas-, las consecuencias podría alcanzar a otras instituciones bancarias, sus directivos y accionistas.
Recordemos que según la normativa estadounidense, quien sostenga alguna actividad económica -voluntaria o forzadamente- con uno de los grupos delictivos señalados, podría ser sancionado por “fondear” actividades terroristas.
De tal suerte que el gobierno de los Estados Unidos podría justificar sanciones en contra de otros bancos y casas de bolsa mexicanos, bajo el argumento de prevenir el lavado de dinero de “grupos terroristas”.
Más allá de este caso en particular, dicho acontecimiento es por un lado una alerta cuanto por el otro, una oportunidad para combatir a los delincuentes responsables de generar tanta violencia en nuestro país.
El gobierno federal debe poner atención en las deficiencias de nuestro sistema bancario frente a ciertas actividades delictivas, así como a la falta de resultados concretos de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y de la Fiscalía General de la República (FGR) en su combate a dichas actividades ilícitas.
Por una parte, sobran evidencias que exhiben cómo los delincuentes han usado y usan las instituciones financieras nacionales para blanquear capitales, para cobrar extorsiones y para transferir dinero, todo ello en la absoluta impunidad.
Por el otro, la impunidad con la que ello ocurre es efecto de una mala política en contra del lavado de dinero, así como de los pobres resultados que se obtienen.
¿Qué impide avanzar en prevenir, perseguir y sancionar el uso del sistema bancario por parte de delincuentes? La manera en la que están enfocadas las actividades de las instituciones de inteligencia y procuración de justicia; la ausencia de denuncias ciudadanas para visualizar el alcance de los delitos y la falta de recursos económicos, tecnológicos y humanos de la UIF y de la FGR.
Históricamente una parte importante de las actividades de investigación y procuración de justicia en nuestro país han estado dirigidas a perseguir a los adversarios políticos por encima del combate a los activos de los grupos criminales.
Tal -distorsionada- priorización de objetivos, se ha intensificado bajo el liderazgo de sus actuales titulares, quienes han distraído recursos humanos y materiales para dar a conocer información confidencial y perseguir a políticos, empresarios y comunicadores que el gobierno federal identifica como adversarios, antes que armar casos y perseguir la actividades de las grandes grupos delictivos que operan en nuestro país.
Debido a ello, los delincuentes han podido lavar dinero gracias al sector financiero y así fortalecer su operación.
El dinero lavado sirve para adueñarse de negocios, diversificar ingresos, corromper autoridades, adquirir más drogas, más armas, más insumos que terminan por trastocar el Estado de Derecho y acabar con la vida de miles de mexicanos.
Dicho de otra manera, el lavado de dinero facilita el crecimiento de la violencia, afecta la gobernabilidad, favorece la pérdida de control de porciones completas del territorio nacional-que pasan bajo el dominio de esos mismos criminales-.
Insisto, ante el señalamiento por parte de los Estados Unidos de que 3 instituciones financieras mexicanas lavaban dinero para el narco, el gobierno mexicano debe actuar y aprovechar para replantear su política de combate a los delitos financieros y así lograr acotar el poder de los delincuentes, sin el uso de la violencia.
Sin acceso a transferencias bancarias, inversiones y dinero lavado, será más difícil que los cárteles puedan abastecerse de insumos ilegales, puedan aumentar su capital y puedan corromper autoridades.
Indudablemente ello requiere tanto de un enfoque de trabajo centrado en la actividad criminal, cuánto crecer las capacidades humanas y tecnológicas de la UIF; incentivar la denuncia ciudadana -agilizar los procesos y poner en marcha un sistema que garantice el bienestar de quien se atreve a informar a la autoridad-; fortalecer la colaboración entre la UIF y la FGR; implementar sistemas de seguimiento a los casos y robustecer los mecanismos de cooperación internacional.
El actual gobierno cuenta con el poder y los recursos para hacerlo, es cuestión de ajustar las prioridades, invertir su capital político, destinar más recursos a ello y medir objetivamente los avances.
Este caso sí es una oportunidad, una gran oportunidad para impulsar una política pública efectiva que reduzca la violencia en el país de una manera pacífica.
