Recientemente, la revista Science reveló que grupos del narcotráfico, principalmente el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa, constituyen la quinta fuente de empleo en México, brindando trabajo a aproximadamente 175 mil personas en el país, superando a empresas como Pemex y Grupo Salinas. Es innegable el crecimiento y expansión que estos grupos han tenido en la última década. Tan solo en 2022, los cárteles reclutaron cerca de 360 personas por semana.
Entre los grupos más susceptibles a este tipo de empleo están los niños, adolescentes y jovenes, determinados por la falta de alternativas para construir un futuro. Aproximadamente 6 millones de jóvenes de entre 18 y 29 años no estudian ni trabajan. Por un lado, la falta de suficientes puestos de trabajo, así como la carencia de competencias para acceder al mercado laboral, arrojan a esta población a una situación arrinconada, en la que el narcotráfico aparece como una alternativa viable y cercana de desarrollo social y económico. No es casualidad que según datos del Inegi, la primera causa de muerte de 15 a 40 años en México sea el homicidio. En zonas de alta presencia de factores de riesgo, la niñez y las juventudes tienen altas expectativas y pocos medios para cumplirlas. Al tiempo de padecer carencias esenciales para lograr un desarrollo humano adecuado, tienen un fácil acceso a armas y drogas, presencia de pandillas y grupúsculos y un ambiente en el que existen normas morales que legitiman las conductas delictivas.
Según datos de la SEP, más de la mitad de los jóvenes en el último año de educación media superior, tiene bajos niveles de perseverancia y empatía, situación que los empuja a abandonar el sistema educativo. El reclutamiento de grupos criminales opera con una construcción cultural que se ha arraigado en poblaciones y comunidades con vulnerabilidad social y delictiva, moldeando una percepción de pertenencia que resulta atractiva. No se trata ya de una subcultura, sino de una cultura que incluye hábitos, instituciones, estatus y elementos simbólicos que conforman una identidad. Esta construcción cultural contribuye a la percepción de los grupos delictivos como una “forma de vida”.
Debemos quitarle manos al crimen. Lograrlo no es tarea fácil: supone la creación de políticas focalizadas y oportunidades sociales, educativas y profesionales específicas dirigidas a la juventud más vulnerable, considerando sus contextos, la exclusión y el estigma que a menudo enfrentan. Se trata de generar alternativas y factores de protección en los lugares que más lo requieren, entendiendo que la falta de oportunidades es estructural, no coyuntural. Al carecer los jóvenes de competencias disciplinares y socioemocionales básicas, programas como Jóvenes Construyendo el Futuro, que considera solo una pasantía y 3,600 pesos mensuales, resultan insuficientes.
Urge poner en marcha herramientas que logren identificar y atraer a los jóvenes que se encuentran en mayor riesgo de delinquir, integrar recursos humanos que por sus historias de vida despierten su interés de forma efectiva, duradera y exitosa. Acciones que se con centren en el desarrollo de componentes de pertenencia, identidad, habilidades para la vida y atención emocional. Políticas que repliquen la complicidad y unión que muchas veces se generan en el seno de las pandillas o grupos criminales, transformándolas en organización barrial, cohesión social y eficacia colectiva.
La lucha contra el narcotráfico en México requiere de la participación de todos los sectores; debe ser un esfuerzo en múltiples frentes que ataque no solo los síntomas, sino también las causas profundas que alimentan este complejo problema.
