La inclusión no sustituye a la exigencia

Agradezco la respuesta de la Secretaría de Educación Pública a mi artículo publicado en este medio Una educación de 4ª: sin esfuerzo, mérito y aprendizaje. Celebro que se abra un debate público sobre un tema tan importante como la evaluación educativa. Sin embargo, considero que la SEP responde a una posición distinta de la que sostuve en mi columna. En ningún momento defendí la evaluación punitiva, la exclusión de estudiantes o la repetición de grado como fines en sí mismos. Tampoco afirmé que los exámenes estandarizados sean instrumentos perfectos o que midan exclusivamente el mérito individual. Desde hace décadas la investigación educativa ha documentado sus limitaciones y los sesgos asociados a las desigualdades sociales. Reconocer esas limitaciones, sin embargo, no conduce a la conclusión de que deban eliminarse los mecanismos académicos de ingreso o para verificar los aprendizajes.

La SEP plantea una falsa disyuntiva entre una evaluación "tradicional", que califica como excluyente, y una evaluación "formativa", que supuestamente es justa e inclusiva. En realidad, ambas cumplen funciones distintas y complementarias. La evaluación formativa constituye una de las herramientas pedagógicas más valiosas para mejorar el aprendizaje porque proporciona retroalimentación continua a estudiantes y docentes. Pero precisamente por ello no fue diseñada para resolver problemas de ingreso cuando la demanda supera la oferta, ni para sustituir la evaluación sumativa que permite certificar conocimientos y competencias adquiridos.

El problema tampoco radica en reconocer que los exámenes de ingreso presentan sesgos sociales. Ese diagnóstico es ampliamente compartido. La cuestión es qué hacer frente a esa realidad. Existen múltiples alternativas para hacer los procesos de selección más equitativos —mejores instrumentos, apoyos compensatorios, cursos propedéuticos, acciones afirmativas o combinaciones de distintos criterios de admisión— sin renunciar completamente a valorar la preparación académica de quienes aspiran a ingresar a una institución. Algo similar ocurre con la promoción escolar. La evidencia internacional muestra que la repetición de grado suele producir escasos beneficios y puede incrementar el riesgo de abandono escolar. Pero de ello no se desprende que el aprendizaje deje de ser condición para avanzar. La verdadera alternativa consiste en identificar oportunamente los rezagos y ofrecer apoyos académicos suficientes para que los estudiantes alcancen los aprendizajes esperados (lo que no hace la SEP), no simplemente promoverlos sin garantizar que dichos aprendizajes ocurran.

La SEP también cuestiona el concepto de mérito porque las oportunidades de origen son profundamente desiguales. Coincido plenamente en ese diagnóstico. Precisamente por ello el Estado tiene la responsabilidad de compensar esas desigualdades mediante mejores escuelas, docentes preparados, infraestructura adecuada, alimentación, tutorías y apoyos específicos para quienes más los necesitan. Lo que resulta problemático es concluir que, como las condiciones iniciales son desiguales, los estándares académicos deben perder relevancia y el esfuerzo de los estudiantes se debe ignorar. La igualdad de oportunidades exige compensar las desventajas de origen, no disminuir las expectativas de aprendizaje.

En el caso de la formación médica, la propia evidencia citada por la SEP confirma un punto esencial: la evaluación formativa fortalece el aprendizaje porque ofrece retroalimentación permanente sobre el desarrollo de competencias clínicas. Pero esa misma literatura internacional no propone eliminar las evaluaciones de certificación ni reducir los estándares para ejercer la profesión. La formación médica en todo el mundo combina evaluación formativa con mecanismos rigurosos de evaluación para acreditar que un egresado posee las competencias necesarias para ejercer su profesión y atender pacientes.

El verdadero debate, entonces, no es entre inclusión o exigencia, ni entre evaluación formativa o evaluación sumativa. El desafío consiste en construir un sistema educativo que sea simultáneamente más justo y más exigente. La justicia social no se alcanza facilitando el tránsito escolar, sino garantizando que todos los estudiantes, independientemente de su origen, tengan oportunidades reales para alcanzar aprendizajes significativos. La educación debe ampliar oportunidades, pero también generar capacidades. Sin aprendizaje no hay movilidad social; sin estándares compartidos no hay confianza pública en las certificaciones educativas; y sin exigencia académica la inclusión corre el riesgo de convertirse en una promesa vacía. La verdadera equidad consiste en que todos tengan la posibilidad de llegar lejos, no en acortar la distancia para lograr la meta. Pero este simple razonamiento no lo entienden los administradores de la SEP.

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