El modelo de organización y desarrollo del Estado mexicano propuesto por la 4T requiere en estos momentos de una firme defensa tanto en el frente externo como en el interno. Este modelo, al recuperar rasgos esenciales del esquema que marcó el desarrollo del país en el siglo XX, como el impulso a las empresas públicas, la rectoría económica del Estado, la política nacionalista, la ampliación de los derechos sociales y la prevalencia de lo social sobre lo individual, evidentemente molesta al gobierno de EE. UU. y al sistema financiero internacional que es implacable y moverá todas las fichas necesarias para tratar de evitar la consolidación de un proyecto nacionalista, popular y de economía mixta con participación estatal. Ciertamente, algunos rasgos del modelo no han quedado bien definidos, como la solución del dilema que plantea la determinación de no reprimir y el imperativo de evitar la corrosión de la soberanía interna por la acción del crimen organizado. También está pendiente la definición de la relación entre el gobierno y el partido que aspira a mantener válidamente su amplio domino electoral para garantizar la continuidad de su proyecto.

Pero estas tareas son secundarias si se considera la urgencia de enfrentar la presión de los Estados Unidos, que muy probablemente aumente después de su aparente reconciliación con China. De ahí que sea indispensable mantener una posición firme frente a los ataques injerencistas de Trump. Ello explica la parte del discurso presidencial del sábado pasado en cuanto a que “Ningún gobierno extranjero le va a arrebatar la transformación al pueblo de México" defendiendo así la soberanía que se ejerce hacia el exterior y la vigencia de su proyecto económico y social.

El otro frente es interno con una delicada influencia foránea. Estados Unidos está empleando como medio de penetración, un instrumento jurídicamente válido: las solicitudes de extradición y los procesos abiertos contra funcionarios mexicanos que voluntariamente se han entregado al poder judicial de ese país. Esto obliga a aclarar que la defensa nacionalista de nuestra soberanía no puede interpretarse como protección de personas —independientemente del grado de comprobación que aporte la autoridad extranjera— cuya conducta constituye un indicio respecto de eventuales deshonestidades que tienen que ser enérgicamente condenadas y perseguidas por la autoridad nacional. De ahí la contundente advertencia presidencial: “ninguna persona que no sea honesta, que no sea honrada, puede esconderse bajo el halo de la 4T”.

Se aprecia en el mensaje una firme decisión del Estado mexicano para actuar internamente contra quienes se pudieran apartar de la honestidad y traicionar un compromiso esencial del movimiento que los llevó al poder. Esa decisión permitirá sostener el prestigio de la 4T y fortalecer su apoyo popular frente a los embates contra nuestra soberanía que seguramente continuarán.

@DEduardoAndrade Investigador de El Colegio de Veracruz y Magistrado en Retiro

ORCID 0009-0002-4714-7408

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