Transparencia, a discreción

El martes pasado, la presidenta Sheinbaum firmó un decreto para “fortalecer la transparencia” del Ejecutivo Federal. Durante su conferencia, sintetizó el objetivo en una frase: “ya no lo dejamos a criterio del servidor público, ya no lo dejamos a criterio de un secretario, de otra secretaria, de un director de un área de Pemex o de CFE”.

Las nuevas disposiciones ameritan un análisis crítico, más allá de sus alcances inmediatos.

En concreto, ordenan que los contratos de la Administración Pública Federal —actualizados hasta ahora trimestralmente— se publiquen cada mes. Las filiales de Pemex y CFE, actualmente protegidas por un “velo corporativo” casi opaco, deberán mostrar sus estados financieros, la integración de sus consejos de administración y los contratos que firman dentro y fuera del país. La Secretaría Anticorrupción, por su parte, hará públicos su programa anual de auditorías y el seguimiento a cada observación pendiente. En el papel, el decreto representa un avance real hacia una administración menos hermética.

Sin embargo, sus alcances están limitados por las diecisiete fracciones que hoy permiten clasificar información como reservada (Artículo 112 de la Ley General de Transparencia): modificarlas exige una reforma legal. La reserva por seguridad nacional —una de las más utilizadas— sigue intacta: es la misma que durante años blindó contratos y decisiones sensibles de Pemex y CFE, justo las empresas que este documento dice ahora transparentar; y la que permitió ocultar temporalmente los costos reales del Tren Maya. Hay un compromiso verbal de “simplificar” dichas fracciones, pero no se ha establecido fecha ni una propuesta de texto para ello.

Además, el decreto añade una capa de control: concentra en Transparencia para el Pueblo la definición de los criterios técnicos para publicar la información, la administración de la plataforma donde se exhibe y su propia interpretación. Ningún tercero participa en ese proceso.

Así, se trata de la expresión más reciente de un patrón común en los sectores estratégicos del Estado mexicano. El INAI, diseñado para vigilar al gobierno desde fuera, terminó absorbido por una secretaría que depende directamente del Ejecutivo. La misma tendencia alcanzó a la COFECE y al IFT, que resolvían disputas mediante órganos técnicos colegiados, y ahora dependen de autoridades sectorizadas en la estructura gubernamental. Las funciones de la CRE y la CNH, por su parte, pasaron a la Comisión Nacional de Energía, un órgano desconcentrado de la Secretaría de Energía —a cargo de definir la política energética— que ahora, además, otorga permisos.

Incluso la reforma a los poderes judiciales obedece a la misma lógica, llevada a su extremo: cuando el tribunal deja de ofrecer un arbitraje confiable, negociar directamente con el gobierno se vuelve la opción más razonable, tanto en materia fiscal como energética o regulatoria.

Una empresa que espera un permiso o un ciudadano que impugna una determinación administrativa deja de preguntarse si tiene la razón para preguntarse si tiene buena relación con quien toma las decisiones. Es una forma de poder más informal, y por eso mismo, prácticamente invisible para un tribunal que valora hechos y argumentos.

Detrás de este rediseño institucional asoma un instinto que hasta antes de 2018 íbamos superando poco a poco: la convicción, en el corazón del proyecto obradorista, de que el poder se ejerce mejor concentrado en personas que administrado en instituciones técnicas.

Nuestra Constitución garantiza el acceso a la información como derecho. Durante años, existió un órgano autónomo precisamente para hacerlo valer sin depender de la voluntad presidencial. El decreto es un gesto personal que, en los hechos, se limita a una promesa de buena conducta.

La distinción de fondo es que, en el modelo institucional, un derecho se puede exigir sin importar quién encabece el gobierno. Lo que se concede por decreto, en cambio, se retira con la misma facilidad con que se otorgó. Eso es el decreto de transparencia: una gracia discrecional disfrazada de norma jurídica y compromiso permanente.

Diputada federal

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