Herencias y simbolismo fiscal

Hace unos días, la Suprema Corte discutió si los recursos acumulados en una AFORE heredados por los familiares de un trabajador fallecido deben pagar Impuesto Sobre la Renta. El Pleno resolvió, por seis votos contra tres, que no: se equiparan a un legado y quedan exentos, igual que cualquier herencia en México.

La ministra Lenia Batres, quien se pronunció en contra de la mayoría, ha defendido que las herencias deberían gravarse porque “el único mecanismo de redistribución de la riqueza es el pago de impuestos”. Aunque esa discusión excede las atribuciones del máximo tribunal, se reabrió el debate sobre la posibilidad de establecer un impuesto a las herencias en México.

Es posible coincidir con el diagnóstico. Partamos de que existe una preocupación legítima por la desigualdad económica persistente y la recaudación históricamente baja en nuestro país. El problema no radica en la aspiración redistributiva, sino en el instrumento con el que se pretendería hacerla realidad. De hecho, México tuvo un impuesto así y lo derogó hace más de 60 años. Actualmente somos una de las excepciones dentro de la OCDE, donde la mayoría de los países mantiene algún gravamen sobre herencias y sucesiones.

En ese contexto, conviene evaluar los méritos de la propuesta.

Incluso un impuesto a la herencia bien diseñado recauda relativamente poco: apenas representa alrededor del 0.5% de la recaudación tributaria de la OCDE (2021). Su justificación está más en el simbolismo político que en la conveniencia financiera: permite proyectar un compromiso con la justicia social sin asumir los costos de una verdadera reforma fiscal, que implicaría atacar la informalidad laboral, revisar el federalismo fiscal y reducir las vías de evasión para los grandes contribuyentes. Defender un símbolo es mucho más barato que plantear una discusión de fondo.

Hay una lectura más simple: en un contexto de presión fiscal creciente, cualquier fuente adicional de ingresos —por marginal que sea su contribución efectiva— resulta atractiva para el gobierno. El oficialismo podría estar explorando la viabilidad antes de presentar una iniciativa formal. En cualquier caso, aún si prospera, sería apenas un respiro fiscal de muy corto plazo, alejado de una auténtica política redistributiva. Peor aún: un paliativo que retrasa las soluciones reales.

Desde 2018, México conoce las consecuencias de gobernar a partir de símbolos. La cancelación del aeropuerto en Texcoco se presentó como castigo a la corrupción y terminó costando mucho más de lo que se ahorró. El cierre de estancias infantiles se vendió como combate a la opacidad, pero dejó sin cobertura a miles de madres trabajadoras. Bajo la bandera de la soberanía energética, se evitó la reestructuración que PEMEX necesitaba; hoy consume multimillonarios subsidios que difícilmente atienden sus insuficiencias de fondo. Todas esas decisiones se legitimaron por relatos simbólicos, no por diagnósticos serios. El precio lo hemos pagado todas y todos.

El impuesto a la herencia puede parecer una ocurrencia, pero corre el riesgo de sumarse a esa lista.

Una verdadera propuesta tendría que distinguir entre el patrimonio heredado de una familia trabajadora y una fortuna intergeneracional diversificada. También tendría que reconocer que quienes concentran mayores recursos suelen contar con mecanismos para eludir el gravamen mediante fideicomisos o estructuras societarias; además, habría que evaluar si los costos institucionales de dicha medida justifican las expectativas de recaudación.

Es muy fácil defender falsas soluciones que suenan bien para el electorado. Sobre todo, si no se está dispuesto a diseñar planteamientos serios. El diagnóstico sobre la desigualdad es real. Sustituir una reforma fiscal de fondo por un símbolo no la resolverá.

Diputada federal

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