De acuerdos, desacuerdos y pausas

¿Por qué tras una avasalladora victoria del oficialismo en las urnas hay gran preocupación de nuestros socios del Tratado México-Estados Unidos-Canadá?

La respuesta es: porque el Presidente saliente, la Presidenta electa y el partido Morena -que contarán con una muy controvertida mayoría constitucional a partir del 1 de octubre- están impulsando una reforma constitucional para controlar políticamente al Poder Judicial y eliminar siete órganos regulatorios autónomos, reduciéndolos a apéndices del Presidente de la república.

Ello forma parte de un paquete de 18 reformas que AMLO quiere hacer aprobar a sólo un mes del final de su mandato.

Estas reformas no buscan mejorar la procuración e impartición de justicia, ni aborda la corrupción judicial, sino controlar políticamente a jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia.

Su elección mediante el voto popular (que falsamente se argumentó ocurre en EU, donde ni uno solo de los jueces federales llega a su cargo por esa vía) los convierte en actores políticos obligados a buscar la simpatía del gobierno, del partido en el poder y del electorado, y no a resguardar el Estado de derecho.

¿Y por qué Washington y Ottawa desechan el argumento del oficialismo en el sentido de que se trata de una decisión soberana de México que no tiene que ver con el T-MEC?

Porque la instrumentación del T-MEC en México, en congruencia con lo firmado, sólo es posible con juzgadores independientes y órganos regulatorios profesionales autónomos en temas como transparencia (Instituto Nacional de Acceso a la Información INAI), competencia económica (Cofece), telecomunicaciones (IFETEL), electricidad e hidrocarburos (Comisión Reguladora de Energía CRE), la exploración y extracción de hidrocarburos (Comisión Nacional de Hidrocarburos CNH). Ello puede verificarse en el texto de los capítulos 2, 18, 21 y 22 del propio Tratado.

Hoy lo que está en juego no es la lealtad del presidente a la Constitución, sino su capacidad para cambiarla el minuto que lo desee, sin contrapeso alguno, y dejando en la indefensión a quien difiera del gobierno.

La transición entre administraciones (de la 2018-2024) y la transmisión del poder presidencial (de AMLO a Claudia Sheinbaum) se avizora muy turbulenta. El gobierno de México está inmerso en dos contradicciones:

1) Firmo el TMEC, pero cuando me reclaman por no cumplir con el Tratado, digo que se trata de injerencia externa.

2) Quiero que vengan inversionistas con el nearshoring o relocalización de la economía global, pero los ahuyento porque mis reformas generan desconfianza.

El actual gobierno no supo leer a tiempo las señales de Washington en el sentido de que se había erosionado la confianza bilateral, y no ha asimilado el silencio estadounidense en torno a la extracción del ‘Mayo’ Zambada.

Hoy todas las políticas emanadas de Washington hacia México son de seguridad nacional: la política comercial, la política fronteriza y la política migratoria, y están marcadas por una palabra: desconfianza.

Mientras tanto, en un país de 126 millones de habitantes, alrededor de 20 millones hemos sido víctimas del robo, el fraude y la extorsión (ENVIPE 2023, INEGI). El gobierno mexicano ya puso en pausa a la corona española y a las embajadas estadounidense y canadiense, pero la extorsión del crimen organizado no tiene pausa. Pues eso.

Profesor asociado en el CIDE

@Carlos_Tampico