El ahora gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, no tiene escapatoria. Sin embargo, personas muy cercanas a él aseguran que fue víctima de su propio nepotismo, pues en realidad serían sus hijos quienes operaban muy de cerca con los “Chapitos” (hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán”) y el senador de Morena, Enrique Inzunza, quien se encargaba del resto. Un títere, dicen.
Por la razón que sea, Rocha está metido —llevándose de corbata a la llamada Cuarta Transformación— en la que es tal vez la crisis política más grande desde el sexenio pasado. Porque su mala fama arrastra a todos; desde Andrés Manuel López Obrador hasta la presidenta Claudia Sheinbaum. El primero, por cómplice y participante; la segunda, por intentar contener los daños con una estrategia que parece más una defensa de Rocha y de AMLO que otra cosa.
Por cierto, el expresidente —que insistía en frases demagógicas y vacías como: “Yo ya no me pertenezco”— sigue escondido, como el bully cobarde que siempre ha sido.
Pero ¿dónde están ahora Rubén Rocha Moya, el vicefiscal, Dámaso Castro Saavedra y el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez, que ya sin sus cargos han perdido el fuero? ¿Dónde está Enrique Inzunza, el “valiente” senador que prometió acudir esta semana al Congreso y que al final dijo que siempre no, pero sigue sin soltar la protección que le otorga su cargo?
En tanto, estamos sumidos en un falso debate. Porque no, los mexicanos no tendríamos que elegir entre que se cumpla la ley o dejar todo en manos de Estados Unidos.
Ni podemos normalizar que haya narcotraficantes o narcopolíticos protegidos por la impunidad, mientras las autoridades federales y estatales miran hacia otro lado, ni ser permisivos con gobiernos extranjeros.
Esta falsa deliberación la alimentan los mismos que, siguiendo el modelo de liderazgos mesiánicos como el de López Obrador, creen que confrontar genera simpatías automáticas, aunque eso implique ser incongruentes… y hasta criminales.
Tan mal está que el gobierno federal no respete los tratados internacionales —como el de extradición con Estados Unidos— y no detenga a Rocha Moya y sus cómplices, como que en Chihuahua hayan operado en territorio nacional —si así fue— agentes de la CIA. Pero hay que medir con el mismo rasero.
Si México no es capaz de investigar y castigar a quienes pertenecen a su propio movimiento político —y en cambio solo persigue con rapidez a quienes considera adversarios—, entonces el reclamo tiene que venir de la sociedad.
Me niego a aceptar que la única solución sea la intervención de un gobierno extranjero, aunque sea el único al que realmente temen los criminales. ¿Aceptamos el fracaso institucional y cedemos, o exigimos que pare la impunidad? Porque el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ya revivió la advertencia contra los cárteles en México: “Escucharán algunas quejas de algunas personas como representantes de México y otros lugares. Pero si ellos no van a hacer el trabajo, nosotros lo haremos, y ellos lo entienden”.
Porque la ley, ni en México ni en ninguna parte del mundo, debe aplicarse con rigor solo para unos, mientras otros parecen contar con tiempo, protección y ventajas políticas.
E insisto, ¿dónde está Rocha Moya?
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.